La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el gran holding público que controla empresas consideradas estratégicas para la economía española, vive momentos de máxima tensión interna tras la irrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una investigación judicial que se instruye en la Audiencia Nacional y que permanece en buena parte bajo secreto de sumario.
Según ha trascendido, la UCO se ha personado en el entorno de la SEPI y en varias de sus empresas participadas, entre ellas Correos, Mercasa, Sepides y Enusa, para requerir expedientes, correos electrónicos, contratos y documentación relevante sobre la toma de decisiones y los flujos de control en estas sociedades públicas.
No se trata, insisten fuentes conocedoras del caso, de una simple revisión administrativa. La investigación se mueve en el ámbito penal y apunta a posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal, lo que ha provocado un auténtico “modo pánico” en la estructura directiva del holding.
Qué busca la UCO y por qué actúa sin avisar
Las actuaciones de la UCO siguen un patrón habitual en causas de esta naturaleza: trazabilidad de decisiones, análisis de expedientes, correos corporativos y contratos que permitan reconstruir quién tomó cada decisión, con qué base técnica y bajo qué instrucciones políticas o corporativas.
En este tipo de investigaciones no hay avisos previos. Como se explica en el entorno judicial, cuando la Guardia Civil entra a recabar documentación es porque el juez busca evitar cualquier destrucción o manipulación de pruebas, y porque el foco ya no está en el relato político, sino en los hechos.
El miedo real: que salpique a los actuales gestores
Más allá del impacto mediático, lo que inquieta en la SEPI es que la investigación no se circunscriba a etapas pasadas, sino que pueda alcanzar a responsables actuales. La pregunta que se repite en los despachos es siempre la misma: quién sabía qué, quién firmó qué y quién decidió mirar hacia otro lado.
Cuando un holding público que gestiona miles de millones de euros y controla empresas esenciales empieza a vivir con la sensación de que “puede caer cualquiera”, el problema deja de ser reputacional para convertirse en un riesgo institucional.
Como ha advertido en más de una ocasión el economista José Ramón Riera, “cuando el Estado se convierte en gestor directo de grandes compañías sin mecanismos reales de control, el peligro no es solo económico: es que el contribuyente acaba pagando los errores y los abusos”. Una reflexión que hoy cobra especial relevancia en el contexto de la SEPI.
Una investigación que afecta al corazón del sector público
La SEPI no es una empresa más. Es la herramienta con la que el Estado participa y dirige sectores estratégicos como el postal, el energético, el industrial o el alimentario. Por eso, cualquier sombra penal sobre su funcionamiento no afecta solo a una entidad concreta, sino a la credibilidad de todo el sistema de gestión pública empresarial.
Mientras la causa sigue bajo secreto, el silencio es casi absoluto. Lo único claro es que la UCO no se ha personado por casualidad y que la documentación ya está en manos de los investigadores. A partir de ahora, será el juzgado quien determine si lo que parecía una mera gestión política se convierte en uno de los mayores escándalos institucionales de los últimos años.
