La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no acudió este sábado a la citación del juez Juan Carlos Peinado, que debía comunicarle que, en caso de ser juzgada por malversación, lo haría ante un jurado popular. Según fuentes gubernamentales, su defensa, encabezada por el exministro socialista Antonio Camacho, asumió su representación, apoyándose en una circular de la Fiscalía de 1995 que establece que en estos trámites la presencia del investigado no es indispensable.
En la misma situación se encontraron la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quienes tampoco acudieron personalmente, optando por delegar en sus abogados. La defensa argumentó que esta vista se limita a concretar la imputación y no contempla la práctica de diligencias de instrucción ni declaración de los investigados.
Petición de archivo y nuevas diligencias
Durante la vista, tanto el fiscal como el abogado de Gómez solicitaron el archivo de la causa de malversación, alegando que no existen indicios suficientes para mantener la imputación. Esta pieza separada gira en torno a la contratación de la asesora de Gómez en Moncloa y a si desarrolló funciones vinculadas a su actividad profesional en la Universidad Complutense de Madrid.
Por el contrario, las acusaciones populares, lideradas por la asociación Hazte Oír, defendieron la continuidad del procedimiento y solicitaron nuevas diligencias. Entre ellas, la citación como testigos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. De prosperar, sería la segunda vez que ambos comparecen en esta causa, después de haber declarado ya en 2024 y 2025 en Moncloa.
Críticas políticas y acusaciones de parcialidad
La vista estuvo precedida por las críticas de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien acusó al juez Peinado de actuar “como un militante del PP” y de armar “causas judiciales con recortes de periódicos”. Bergerot sostuvo que determinados magistrados “están manchando el poder de la judicatura” y denunció que el caso de Gómez responde a una estrategia política para tapar los problemas judiciales de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y su pareja.
Contexto judicial
La pieza actual se abrió tras la decisión de Peinado, en mayo de 2025, de investigar al delegado del Gobierno, Francisco Martín, por presunta malversación. En un primer momento descartó imputar a Gómez y a su asesora, pero el pasado 18 de agosto rectificó su criterio e incluyó a ambas en la investigación.
Mientras las defensas insisten en el archivo y el principio de presunción de inocencia, las acusaciones populares reclaman mantener abierta la instrucción. El magistrado deberá decidir ahora si atiende la petición de sobreseimiento o si continúa con las diligencias, incluida la eventual citación del propio presidente del Gobierno.
