Un amplio dispositivo policial ha culminado esta mañana con el desalojo del edificio conocido como ‘La Corrala’, situado en el número 18 de la calle Miguel Hernández, en el barrio de Espartales de Alcalá de Henares. Una persona ha sido detenida y varios menores han sido “liberados”, según ha informado el Ayuntamiento de la ciudad complutense.
La intervención, autorizada judicialmente, ha contado con la participación de decenas de agentes de la Policía Local y del Grupo Operativo de Respuesta de la Comisaría de la Policía Nacional, que han accedido a la vivienda utilizando herramientas especializadas para forzar la entrada. La operación se ha desarrollado bajo supervisión directa de la autoridad judicial.
Tras el desalojo, los operarios municipales, en colaboración con la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, han procedido al tapiado inmediato de puertas y ventanas con ladrillo, para impedir nuevas ocupaciones y garantizar la seguridad del inmueble y del entorno vecinal.
“Liberación” de menores absentistas
Uno de los aspectos más sensibles de la intervención ha sido la presencia de menores en el interior de la vivienda, que no estaban asistiendo al colegio. El Ayuntamiento ha indicado que la operación ha permitido su localización y “liberación”, sin ofrecer por el momento más detalles sobre su situación o estado de salud, aunque se espera que los servicios sociales actúen a partir de este momento.
Conflicto vecinal prolongado
La alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, ha defendido la necesidad del desalojo, señalando que se trataba de “una actuación imprescindible en un edificio que llevaba tiempo generando un grave conflicto vecinal”.
Vecinos de la zona venían denunciando desde hace meses problemas de convivencia, inseguridad y deterioro urbano vinculados a la ocupación del inmueble, convertido en un símbolo del abandono institucional y del deterioro de la convivencia en determinadas zonas del municipio.
Coordinación institucional
El operativo demuestra una coordinación efectiva entre el consistorio, las fuerzas de seguridad del Estado y la Comunidad de Madrid, dentro de una estrategia más amplia para recuperar inmuebles públicos ocupados de forma ilegal y mejorar la convivencia en barrios vulnerables.
Con esta acción, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares envía un mensaje claro en favor de la legalidad, la seguridad ciudadana y la protección de menores en situación de riesgo, mientras prosigue su política de tolerancia cero con la ocupación ilegal que implique alteraciones graves del orden público.
