La Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho ha hecho público un manifiesto en el que lanza una advertencia contundente sobre el deterioro del Estado de Derecho en España, a raíz de varias iniciativas impulsadas por el Gobierno. El documento, firmado el 23 de julio por su junta directiva y presidido por Francisco Espinosa Fernández, Abogado del Estado jubilado, califica el momento actual como “de grave peligro institucional”.
Uno de los principales puntos del manifiesto es su firme oposición al proyecto conocido como “ley Bolaños”, que —según la asociación— “daña la independencia y el prestigio judicial” al permitir el acceso a la carrera judicial por vías que no garantizan el mérito ni los conocimientos jurídicos suficientes. Asimismo, denuncian que la reforma otorga al Ministerio Fiscal el monopolio de la instrucción penal sin asegurarle autonomía, lo que consideran un riesgo grave para la imparcialidad del sistema judicial.
En este sentido, la asociación se alinea con las cinco asociaciones judiciales y fiscales que también han mostrado su rechazo a esta ley, y reitera su adhesión a las protestas convocadas contra dicha iniciativa.
Otro eje de preocupación es la reforma del acceso a los Cuerpos A1 y A2 de la Administración del Estado, que, según el manifiesto, contempla sustituir las actuales oposiciones por un sistema de cursos de formación gestionados directamente por el Gobierno. Desde la asociación denuncian que esto supondría una “modificación radical de los procesos selectivos”, con la consiguiente politización del acceso a la función pública. En consecuencia, se adhieren al acuerdo del pasado 22 de julio suscrito por diez asociaciones de altos cuerpos del Estado —incluyendo la Asociación tradicional de Abogados del Estado— en contra de esta medida.
Además, la asociación expresa su rechazo frontal a cualquier reforma del sistema de financiación autonómica que suponga una quiebra del principio constitucional de igualdad y solidaridad entre territorios, advirtiendo que tales medidas pueden derivar en desigualdad ante la ley. En caso de aprobarse, alertan, serán precisamente los Abogados del Estado quienes deban defender estas desigualdades ante tribunales nacionales e internacionales, en contra del artículo 2 de la Constitución Española.
El manifiesto también critica duramente el proyecto de ley que contempla sanciones de alto importe a periodistas y medios de comunicación por supuesta vulneración de información clasificada. Según los firmantes, esto podría constituir una amenaza al derecho constitucional a la libre información y recuerdan que este tipo de medidas evocan etapas represivas anteriores a la Constitución de 1978.
Finalmente, el documento denuncia lo que considera una cesión inaceptable ante los intereses de los prófugos de la Justicia española. En concreto, lamentan que la Abogacía del Estado haya defendido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea posturas que, en su opinión, se alinean con las del entorno de Carles Puigdemont, lo que ha provocado “tristeza” en el colectivo. También expresan su repulsa a las declaraciones del abogado del expresident catalán, quien aseguró que la Abogacía del Estado “va de la mano” con su cliente en el procedimiento europeo.
La asociación concluye su manifiesto con una petición de difusión masiva del texto, al considerar que los ataques al sistema institucional español son de una gravedad sin precedentes al término del presente año judicial. El llamamiento final es claro: “Nuestro Estado de Derecho, ya dañado, está en grave peligro”.
