Servicios Sociales

Madrid inicia la tramitación del Mapa de Servicios Sociales para mejorar su distribución

La Comunidad de Madrid ha dado el primer paso para la aprobación de un nuevo Decreto que regulará la organización territorial de los servicios sociales públicos, con el objetivo de garantizar una distribución más equilibrada y accesible para todos los ciudadanos. 
Miguel Ángel García Martín en rueda de prensa - Foto de la Comunidad de Madrid
photo_camera Miguel Ángel García Martín en rueda de prensa - Foto de la Comunidad de Madrid

El Consejo de Gobierno ha sido informado hoy de la solicitud del dictamen preceptivo a la Comisión Jurídica Asesora, lo que marca el inicio de su tramitación.

Este proyecto normativo se enmarca dentro del desarrollo de la Ley de Servicios Sociales de la región y busca reforzar la igualdad de acceso a estos servicios, promoviendo la libertad de elección de los usuarios. El nuevo Decreto establecerá un modelo organizativo más flexible y adaptado a la evolución social, mejorando la accesibilidad y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión, desprotección, dependencia, urgencia o emergencia.

Creación del Mapa de Servicios Sociales

Uno de los aspectos clave del Decreto será la elaboración de un nuevo Mapa de Servicios Sociales, que definirá la distribución de los recursos en la región. Este mapa estará basado en el Catálogo de Prestaciones y permitirá una planificación más eficiente de los centros y servicios disponibles en función de las necesidades de cada municipio y distrito.

El documento también pretende impulsar la transformación digital de los servicios sociales, facilitando el acceso a la información y los trámites administrativos a través de medios electrónicos. Con ello, se espera mejorar la calidad de la atención y reducir los tiempos de respuesta a las solicitudes de los ciudadanos.

Participación de las administraciones

Para la elaboración del Decreto, la Comunidad de Madrid ha contado con la colaboración de las distintas administraciones integradas en el Sistema Público de Servicios Sociales. Este proceso participativo garantizará que la nueva normativa se ajuste a las necesidades reales de la población y permita una gestión más eficaz de los recursos.