Una misión del Parlamento Europeo que visitó Canarias en septiembre de 2025 ha constatado que alrededor de la mitad de los jóvenes inicialmente identificados como menores extranjeros no acompañados (menas) y sometidos a pruebas de edad fueron finalmente declarados mayores de edad. El informe preliminar, elaborado por la Comisión de Peticiones (PETI), también advierte de las dificultades para ejecutar devoluciones, ya que Marruecos solo acepta en torno al 8% de los retornos solicitados por España.
Pruebas de edad y presión sobre el sistema de menores
Según la información facilitada por las autoridades canarias a los eurodiputados, unos 1.500 jóvenes fueron sometidos a procedimientos de determinación de edad tras detectarse dudas razonables sobre su minoría.
El resultado fue que aproximadamente el 50% fueron considerados adultos, una proporción que, según el informe, plantea importantes retos para el sistema de protección de menores, diseñado para atender a jóvenes sin referentes familiares.
En el momento de la visita, el archipiélago tutelaba a unos 5.000 menores no acompañados, lo que representa cerca del 65% del total de España, según datos del Gobierno autonómico.
El Ejecutivo canario trasladó además que ha destinado 192 millones de euros de su propio presupuesto a la gestión migratoria, y que no ha recibido financiación directa de los 560 millones aportados por la Unión Europea a España para reforzar el sistema de acogida y asilo.
Retornos limitados y cooperación insuficiente
El documento comunitario subraya también las dificultades en materia de repatriación. Las cifras expuestas durante la misión indican que solo el 8% de los ciudadanos marroquíes en situación irregular son finalmente readmitidos por su país, lo que implica que el 92% de las devoluciones no llegan a ejecutarse.
Los eurodiputados recuerdan que la normativa europea sobre retorno establece la necesidad de aplicar las órdenes de expulsión de forma efectiva, aunque reconocen que sin la colaboración del país de origen, la ejecución resulta compleja o inviable.
El informe recoge además testimonios que apuntan a casos en los que las autoridades marroquíes no habrían aceptado el retorno a puerto de embarcaciones rescatadas en su zona de responsabilidad marítima.
Frontex y la gestión de la ruta atlántica
Durante las reuniones con la delegación, la agencia europea Frontex indicó que no dispone de medios navales ni aéreos desplegados en la ruta canaria. Su participación se limita a equipos de apoyo en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), donde colaboran en tareas de registro e identificación bajo coordinación nacional.
La agencia señaló, no obstante, que podría ampliar su presencia si el Estado miembro lo solicita.
Según los datos presentados a la misión, hasta el 31 de agosto de 2025 habían llegado a Canarias 201 embarcaciones con 12.249 personas a bordo. Las autoridades españolas defendieron que las llegadas se habían reducido aproximadamente un 50% respecto a años anteriores, gracias al refuerzo de la cooperación con países de origen y tránsito.
Impacto local y situación judicial
El informe también recoge las preocupaciones expresadas por vecinos de zonas cercanas a centros de acogida, especialmente en Las Palmas de Gran Canaria, donde denuncian un deterioro del entorno y aumento de incidentes.
En el ámbito judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias informó de que en 2024 se incoaron 282 diligencias por llegadas irregulares y 100 en 2025 hasta la fecha de la visita, aunque el 97,12% de los casos fueron archivados provisionalmente.
El documento será debatido en el seno de la Eurocámara y forma parte del análisis sobre la gestión de la ruta atlántica y la capacidad de los sistemas de acogida ante la presión migratoria.
