Representantes del sector del metal han reclamado la implantación de sanciones automáticas para empresas y administraciones que incumplan los plazos de pago, así como la obligación de acreditar el cumplimiento de estos plazos para poder optar a contratos públicos.
La petición ha sido planteada por el presidente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), Francisco Alonso, y por el presidente del Observatorio de Morosidad de Cepyme y de la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (Aecim), Luis Collado, quienes han advertido de los perjuicios que los retrasos en los pagos provocan especialmente sobre las pequeñas y medianas empresas.
Vincular los contratos públicos al cumplimiento de los pagos
Luis Collado ha explicado que el sector trabaja para que sea obligatorio demostrar un comportamiento adecuado en materia de pagos para acceder a cualquier adjudicación pública. Según ha señalado, el objetivo es garantizar que las empresas adjudicatarias respeten plazos coherentes con los cobros recibidos y evitar que esos recursos se destinen a otros fines.
En este sentido, ha puesto como ejemplo el funcionamiento de algunas grandes superficies comerciales, donde el consumidor paga al contado mientras los proveedores cobran con retrasos que pueden alcanzar varios meses. Una situación que, según ha indicado, recae principalmente sobre las pymes.
Asimismo, ha defendido la necesidad de garantizar que las subcontratas de obra pública reciban sus pagos dentro de plazos razonables por parte de las empresas principales, ya que de ello depende la estabilidad financiera de toda la cadena de suministro.
Sanciones automáticas para quienes incumplan la Ley de Morosidad
Por su parte, Francisco Alonso ha señalado que la Ley de Morosidad aprobada en 2010 dispone de un marco adecuado, pero carece de un régimen sancionador eficaz que permita actuar automáticamente frente a los incumplimientos.
El dirigente empresarial ha denunciado que muchas grandes compañías ignoran los plazos establecidos precisamente porque no existen consecuencias inmediatas. En contraste, ha recordado que los retrasos frente a la Administración tributaria generan recargos automáticos desde el primer momento.
Según Alonso, resulta fundamental proteger a las pequeñas empresas para evitar que queden en una posición de debilidad frente a grandes corporaciones. A su juicio, la falta de medidas efectivas puede provocar una mayor concentración empresarial y una pérdida de capacidad competitiva de las pymes.
Reclaman cambios en el IVA, las garantías de obra y el confirming
Entre las propuestas planteadas también figura la revisión del tratamiento del IVA en determinadas operaciones. Collado ha advertido de que las empresas deben adelantar este impuesto incluso cuando todavía no han cobrado sus facturas, una situación que afecta directamente a su liquidez.
Otra de las demandas se centra en las retenciones de garantía en obras. Aunque considera necesaria la existencia de garantías frente a posibles defectos, rechaza que se inmovilicen porcentajes elevados del importe facturado, ya que ello reduce significativamente el flujo de caja de las empresas.
Asimismo, el presidente de Aecim ha criticado el funcionamiento actual del denominado confirming, un sistema que permite anticipar cobros a través de entidades financieras. Aunque reconoce que garantiza el pago, ha alertado de que los costes asociados pueden superar el 10% o el 12%, una carga que considera excesiva para muchas compañías.
Las pymes, las más afectadas por los retrasos en los pagos
Los representantes empresariales han coincidido en señalar que la morosidad continúa siendo uno de los principales problemas para el tejido productivo, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Por ello, han reclamado reformas que refuercen el cumplimiento efectivo de la normativa y garanticen unas condiciones de pago más equilibradas en toda la actividad económica.
