La Residencia de Mayores Mirasierra, de titularidad pública y gestionada por la empresa privada OHLA-INGESAN, se encuentra en el centro de la polémica tras la denuncia formal presentada por CCOO Sanidad Madrid ante la Inspección Provincial de Trabajo.
El sindicato acusa a la empresa adjudicataria de incumplir reiteradamente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, lo que podría estar comprometiendo la integridad física de más de 260 personas, entre usuarios del centro residencial y del centro de día.
Según la denuncia, la falta de sustituciones de personal —especialmente de gerocultoras y personal de limpieza— está generando una sobrecarga insostenible en la plantilla. El resultado: turnos doblados, jornadas agotadoras y personal con puestos adaptados por razones de salud obligados a asumir tareas para las que no están en condiciones físicas.
Lesiones laborales y atención deficiente a los mayores
Varias trabajadoras han tenido que ser atendidas en la mutua de accidentes de la propia empresa, presentando lesiones asociadas al esfuerzo físico prolongado. La situación ha desembocado en un clima laboral insostenible, con un equipo extenuado que no puede garantizar una atención digna y continua a los residentes.
“Hay personas mayores que esperan horas para ser acostadas, muchas veces pasadas las 23:00 horas, porque no hay manos suficientes para atenderlas”, denuncia la organización sindical. Esta situación, según CCOO, no es nueva: la empresa lleva meses ignorando las advertencias del comité de empresa y no ha presentado ningún plan de contratación de cara al verano, a pesar de que la plantilla ya parte de una situación deficitaria.
Vulnerabilidad institucionalizada y responsabilidades compartidas
CCOO subraya que OHLA-INGESAN incumple de forma sistemática los ratios asistenciales mínimos establecidos por contrato, lo que no solo afecta a la salud de los trabajadores, sino que pone en riesgo la dignidad y seguridad de las personas mayores atendidas. En palabras de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO Sanidad Madrid, “nos enfrentamos a una situación de desatención institucionalizada, agravada por el abandono de responsabilidades tanto por parte de la empresa como de la Administración autonómica”.
El sindicato también señala directamente a la Dirección General del Mayor de la Comunidad de Madrid, a quien responsabiliza de permitir que una empresa con “manifiesta incapacidad de gestión” siga al frente de un servicio esencial para la ciudadanía más vulnerable.
Un modelo de gestión en cuestión
El caso de la Residencia Mirasierra reabre el debate sobre el modelo de gestión privada de los servicios públicos sociosanitarios. Desde CCOO, advierten que externalizar no puede ser sinónimo de recortar, precarizar y desatender, e instan al Gobierno regional a supervisar con mayor rigor las condiciones en las que se están prestando los servicios esenciales a las personas mayores.
