El Gobierno de España observa con inquietud la posibilidad de que la Fiscalía Europea inicie una investigación formal sobre el conocido ‘caso Koldo’, en el que están implicados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por presunta malversación de fondos europeos destinados a infraestructuras.
Según ha adelantado la agencia Servimedia, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incluido en su informe trece adjudicaciones de obra pública por un importe total de 637 millones de euros, algunas de ellas financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea. La gravedad del asunto ha encendido las alarmas en el Ejecutivo, tanto por las implicaciones judiciales como por el riesgo reputacional internacional.
Entre las adjudicaciones bajo sospecha figura una obra de Adif Alta Velocidad para el soterramiento de la red ferroviaria de Murcia, licitada en 2019 por 158,8 millones de euros, y otra del Corredor Mediterráneo entre Pulpí y Vera, adjudicada ese mismo año por 121 millones, ambas financiadas con fondos comunitarios y concedidas a una UTE conformada por Acciona y Ferrovial.
Otra obra mencionada es la integración ferroviaria en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que pasó de 51,7 millones a 62 millones de euros tras una modificación en 2022, también con dinero procedente de los fondos europeos. Aunque para entonces ni Ábalos ni Koldo estaban ya en el Ministerio, la sombra del amaño se mantiene sobre el conjunto de las adjudicaciones.
El Ejecutivo teme especialmente que la Fiscalía Europea actúe de oficio, lo cual es legalmente posible dada la naturaleza del órgano: una fiscalía independiente de los Estados miembros con capacidad para investigar delitos que afecten al presupuesto de la UE, como el fraude, la corrupción o la apropiación indebida, especialmente si superan los 10.000 euros.
Dos ministros del Gobierno citados por Servimedia han declarado que es “necesario que la Justicia siga haciendo su trabajo”, aunque reconocen estar preocupados por una eventual intervención de Bruselas, que agravaría el impacto del caso a nivel internacional. El temor se ve alimentado por precedentes recientes: la Fiscalía Europea ya abrió una investigación en mayo sobre una posible malversación de fondos en el Barcelona Supercomputing Center, en relación con la construcción del primer ordenador cuántico de España.
La posible actuación de este organismo europeo podría escalar la crisis política en la que está sumido el PSOE, tras la dimisión de Cerdán, quien también anunció que renunciará este lunes a su acta de diputado, renunciando con ello al aforamiento. La repercusión mediática del escándalo ya ha trascendido fronteras, siendo recogida por cabeceras internacionales como 'The Times', 'Financial Times' o Reuters.
La incógnita ahora es si el juez del Tribunal Supremo que instruye el caso, Leopoldo Puente, avanzará hacia una imputación formal que permita a la Fiscalía Europea activar sus competencias. De ser así, el 'caso Koldo' dejaría de ser solo un terremoto político interno para convertirse en una crisis de credibilidad internacional sobre la gestión de fondos comunitarios por parte del Gobierno de España.
