El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado este viernes su incorporación inmediata a la Asamblea de Extremadura, dejando atrás su puesto como presidente de la Diputación de Badajoz. Con esta decisión, el dirigente socialista busca asumir el liderazgo de la oposición a la presidenta regional, María Guardiola, en el próximo Debate sobre el Estado de la Región, previsto para junio.
Este movimiento político llega en un momento clave para Gallardo, que sigue procesado en el llamado ‘caso Azagra’, en el que está investigado junto al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y nombramiento ilegal. La entrada en el Parlamento extremeño le permitirá adquirir la condición de aforado, trasladando cualquier posible juicio del ámbito de la Audiencia Provincial de Badajoz al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
Un cambio de estrategia avalado por los expresidentes Ibarra y Vara
La decisión se ha hecho pública tras una reunión interparlamentaria del PSOE extremeño en Mérida, en la que participaron destacados dirigentes como los expresidentes Juan Carlos Rodríguez Ibarra y Guillermo Fernández Vara, quienes le habrían pedido que dé este paso para situarse en el centro de la política regional.
Gallardo ha reconocido que cambia así su estrategia, ya que hasta ahora había asegurado que no entraría en la Asamblea hasta que se resolviera su situación judicial. No obstante, ha justificado su decisión por las "maniobras de las acusaciones populares y del PP" para "alargar la causa" y bloquear su capacidad de confrontar políticamente con el Gobierno autonómico.
Sin fecha para dejar la Diputación, pero con la transición en marcha
Aunque ha confirmado que dejará la Diputación de Badajoz, Gallardo ha pedido "una transición tranquila y transparente" para que la institución no se vea afectada por los cambios. No ha precisado aún la fecha concreta de su renuncia, pero ha dejado claro que es un paso decidido y coordinado con la dirección provincial del partido.
Un proceso judicial que seguirá su curso ante el TSJEx
Gallardo ha recalcado que su aforamiento "no implica inmunidad", ya que el proceso judicial "seguirá su curso en la instancia que corresponda", en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, si su incorporación a la Asamblea se materializa antes de la apertura de juicio oral.
La causa investiga la creación de un puesto en la Diputación de Badajoz presuntamente diseñado para que lo ocupara David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, quien habría desempeñado funciones como coordinador de Actividades de los Conservatorios y, posteriormente, jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Las acusaciones populares piden para Gallardo tres años de prisión y hasta 27 años de inhabilitación.
La Fiscalía solicita el archivo, pero la causa sigue viva
La Fiscalía ha solicitado recientemente el archivo de la causa, argumentando que "no hay indicios racionales" de delito, pero la última palabra la tendrá la Audiencia Provincial. Mientras tanto, las acusaciones populares, integradas por Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Vox y el PP, siguen reclamando que se abra juicio oral.
Un movimiento político para "dar la batalla en el Parlamento"
Gallardo ha asegurado que su paso a la Asamblea busca "dar la batalla política" y liderar la alternativa socialista a lo que ha calificado como "el peor Gobierno que ha tenido Extremadura", en referencia al Ejecutivo de María Guardiola. Ha criticado las políticas del PP en educación, sanidad e igualdad, y ha manifestado su intención de trasladar las propuestas socialistas a los extremeños desde la primera línea parlamentaria.
El secretario general del PSOE extremeño ha insistido en que su entrada en la Asamblea es "un derecho" como integrante de la lista electoral de 2023 y ha anunciado que liderará el grupo socialista en el próximo debate regional.
Un PSOE extremeño en plena crisis interna
La situación judicial y política de Gallardo agudiza la crisis interna del PSOE de Extremadura, que desde la marcha de Fernández Vara no ha logrado consolidar un liderazgo estable. La posibilidad de una inhabilitación de hasta 27 años amenaza con dejar al partido descabezado y con serias dificultades para afrontar las próximas elecciones.
El anuncio de Gallardo ha generado malestar en sectores del partido, que temen que el caso judicial termine afectando aún más a la imagen del PSOE extremeño. Mientras tanto, el PP ha vuelto a exigir su dimisión inmediata por coherencia con el código ético que el propio PSOE estableció.
Gallardo, sin embargo, se muestra decidido a resistir la presión política y judicial, asegurando que "nadie le va a doblar las piernas", en un momento en el que el futuro del PSOE extremeño y su propio liderazgo pende de un hilo.
