La Fiscalía ha recurrido la imputación de Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid, en el caso 'Begoña Gómez', tras considerar que no existen indicios suficientes que justifiquen su citación como investigado por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
El recurso se produce después de que el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, aceptara tramitar una querella presentada por Vox, que señalaba a Martín Aguirre por su participación en la contratación de Cristina Álvarez, asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, cuando el actual delegado ocupaba el cargo de secretario general de la Presidencia en julio de 2021.
Una querella que apunta a malversación, tráfico de influencias y prevaricación
En su auto, Peinado citaba como investigados a Martín Aguirre, Begoña Gómez y Cristina Álvarez, en una causa en la que también se investiga a otros tres perfiles relevantes: Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM); Juan José Güemes, directivo del IE Business School; y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Vox acusa a los seis de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. En particular, el magistrado describe la malversación como un delito de amplio alcance, que puede incluir desde el uso indebido de bienes públicos hasta la asignación de recursos humanos al servicio de intereses privados.
El juez exime a Begoña Gómez y a su asesora de responsabilidad penal directa
No obstante, el juez Peinado aclara que no aprecia responsabilidad penal directa en Begoña Gómez ni en Cristina Álvarez por la posible malversación, señalando que el beneficiario de un contrato o de un servicio no necesariamente comete delito por recibirlo, salvo que se demuestre su participación activa en las irregularidades.
La Fiscalía se opone a la investigación contra Martín Aguirre
En este contexto, la Fiscalía ha interpuesto un recurso contra la decisión del juez de imputar a Martín Aguirre, al considerar que no hay pruebas suficientes que lo vinculen de forma directa con los hechos denunciados. El Ministerio Público sostiene que su citación se basa en conjeturas y que no se ha aportado evidencia clara de actuación delictiva por parte del delegado del Gobierno.
Una causa que crece con nuevas querellas
El caso comenzó en abril de 2024, tras una denuncia de Manos Limpias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias. Posteriormente, se sumaron nuevas líneas de investigación a raíz de las querellas de Hazte Oír y Vox, centradas en irregularidades en la gestión de una cátedra de la UCM y en la contratación de personal en La Moncloa.
Por ahora, la instrucción continúa su curso, mientras que el recurso de la Fiscalía deberá ser resuelto en las próximas semanas. El caso mantiene en el foco mediático a Begoña Gómez y al entorno cercano del presidente Pedro Sánchez, en una trama que sigue creciendo y que ha elevado la tensión política y judicial en las últimas semanas.
