Escribo este artículo porque se quiere aprobar en el Congreso —a espaldas del debate público— una medida que constituye, directamente, una aberración moral, jurídica y democrática, y que afecta a la dignidad y a los derechos de millones de españoles. Esto es lo que promueve hoy la extrema izquierda en España: subsidios pagados con nuestros impuestos para delincuentes: agresores sexuales, depravados pederastas, violadores, yihadistas, traficantes, ladrones y asesinos. Considero que es deber de cualquier ciudadano y, más aún siendo jurista, denunciarlo de manera contundente.
El Congreso de los Diputados vuelve a demostrar hasta qué punto una parte del poder político ha renunciado a defender el Estado de derecho. Sumar y el PSOE impulsan ahora un subsidio público para presos recién excarcelados, una medida que pretenden maquillar como política social, pero que constituye un ataque frontal a la justicia, a las víctimas y a los ciudadanos que sostienen con sus impuestos un sistema cada día más degradado.
No estamos ante una cuestión técnica, es un asalto moral. Quienes vaciaron las cárceles con la Ley del “solo sí es sí” —que permitió rebajar condenas y excarcelar a agresores sexuales, violadores y depredadores de mujeres y menores— pretenden ahora premiar a esos mismos delincuentes con un subsidio financiado por quienes soportan las consecuencias de un Estado debilitado. La misma izquierda que negó la evidencia, que despreció a juristas y víctimas, que erosionó la credibilidad del sistema penal y que facilitó la salida de delincuentes peligrosos a nuestras calles es la que hoy impulsa esta iniciativa.
Mientras millones de españoles ven cómo la inflación hace casi inasumible la compra de productos básicos, mientras nuestros mayores apenas pueden acceder a fruta o pescado, mientras las familias sostienen una carga fiscal asfixiante, el Gobierno decide priorizar a los delincuentes antes que a los ciudadanos honrados. Esto no es justicia social, es abuso institucional, una burla a la ciudadanía y una desprotección intolerable hacia las víctimas.
El Estado tiene una obligación constitucional clara: proteger a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables. Esta medida hace exactamente lo contrario: premia al infractor y envía un mensaje devastador: delinquir sale rentable y la sociedad paga la factura. En un país donde las víctimas —especialmente mujeres y menores— reclaman recursos, protección eficaz y un sistema que funcione, el Ejecutivo opta por financiar a quienes violaron a la ley.
¿Dónde están los medios de comunicación que deberían abrir los informativos con esta noticia? ¿Por qué se consiente que una medida de este calibre se tramite con sigilo, sin transparencia, evitando el debate público y limitando deliberadamente la visibilidad de quienes la denuncian? Esta opacidad es un síntoma gravísimo de la pérdida de calidad democrática. Una iniciativa así debería discutirse con luz y taquígrafos, permitiendo a todos los partidos explicar a los ciudadanos qué van a hacer y por qué. Esto no es ideología, es libertad, es transparencia, es la obligación democrática de informar a la sociedad.
Mientras formaciones como VOX alertan con claridad del atropello, la mayoría de los medios no les dan voz, porque le llaman radicales de extrema derecha. El Partido Popular, que sí dispone de espacio mediático, vuelve a refugiarse en declaraciones tibias, temeroso de parecer radical, y no denuncian con contundencia lo que constituye una burla democrática y un saqueo a los impuestos de los ciudadanos.
La realidad es evidente: la izquierda radical no representa a los ciudadanos; representa y protege a los delincuentes. Aprobar un subsidio dirigido a agresores sexuales, violadores, pederastas, ladrones, traficantes, yihadistas y corruptos quiebra el principio básico de justicia retributiva y sitúa al Estado en una posición moralmente inaceptable. La función del derecho penal es proteger a la sociedad, no financiar a quienes la dañaron. La política criminal del actual Gobierno ha sido una cadena de despropósitos: reducciones masivas de condenas, excarcelaciones, debilitamiento institucional y destrucción de los derechos de las mujeres y menores.
Este subsidio es el paso final de una deriva que ya ni siquiera intentan ocultar. España asiste a una devaluación consciente del Estado de derecho, promovida por quienes gobiernan con el apoyo de golpistas, terroristas y nacionalistas extremistas de izquierda, todos ellos dispuestos a triturar la arquitectura constitucional con tal de mantener el poder.
No callaré ante los ataques al Estado de derecho y a la democracia de mi país, España.
