A la izquierda le encanta inventarse palabrejas para camuflar su afán por dividir. Como la teoría de las clases se les ha quedado anticuada, tienen que usar otras nuevas como el feudalismo tecnocrático, que merecería otro artículo.
Hoy hablaremos de una expresión nada inocente. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 mantiene en su web una página explicativa de un totum revolutum de medidas, algunas normales y otras nada razonables para una sociedad de progreso, camufladas bajo el epígrafe eufemístico de “Escudo social”.
Lo del “Escudo social” -que suena a defensa de la solidaridad atacada por malvados capitalistas- es una expresión inventada por la ultraizquierda, que se puede resumir en lo siguiente: hay movimientos políticos que pretenden que el apoyo a colectivos vulnerables deje de pagarse con los impuestos, para que lo paguen de sus ahorros o de su inversión la gente corriente, por supuesto sin eximir a nadie de abonar además los impuestos que les correspondan. En suma, “Yo invito, tú pagas”. Así el dinero de los contribuyentes va dos veces a Hacienda.
Un ejemplo son las prohibiciones por ley de desalojar a okupas e inquiokupas de viviendas privadas mientras la administración les califica de colectivos vulnerables, pero sin proporcionar alternativas públicas de residencia. Y en tanto la administración decide si el okupa es o no vulnerable, hay sinvergüenzas que aprovechan la ley para vivir a costa de los demás. Todos estamos de acuerdo en que el Estado debe apoyar con nuestros impuestos a la gente que lo pasa mal, y ayudarles a salir del hoyo, pero lo que está haciendo la izquierda es privatizar el escudo social: en lugar de construir vivienda pública para las familias vulnerables, da alas a la ocupación de viviendas privadas.
Otro tema que merece estudiarse es el anuncio -esta vez del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- de una próxima regularización masiva de inmigrantes en España. No es la primera ni será la última que se haga en nuestro país, con gobiernos de todos los signos políticos, pero ésta tiene un componente ideológico que no han tenido otras regularizaciones en nuestra historia democrática.
Nunca se había hablado de sustituir españoles viejos por nuevos españoles como objetivo asociado a una regularización de personas que están en España en situación irregular. Ningún político se había atrevido a tanto como ha hecho una de las socias necesarias del Gobierno actual, que ha dicho públicamente que quiere sustituir “fachas” por nuevos españoles. Y lo peor no es que se diga, sino que se piense.
En una sociedad moderna y de progreso, las políticas públicas deben ir dirigidas a integrar y avanzar. Y dentro de esas políticas, los inmigrantes deben venir a sumar, nunca a restar. Si una regularización se hace bien es algo positivo. Si se hace mal perjudica tanto al país que les acoge como a los inmigrantes que vienen a trabajar y prosperar en España.
Y que no les engañe la ultraizquierda: una regularización de inmigrantes como la que se ha anunciado les puede romper el corazón. Tendrán que hacer colas y papeleos interminables para acabar un año después en la casilla de salida. Porque los papeles que les prometen no duran más que un año y, si no hay un trabajo estable junto al papel, volverán a ser irregulares.
No es extraño que la Unión Europea se esté alarmando y nos haya enviado un mensaje claro: España no puede convertirse en una puerta trasera al espacio Schengen.
