Un notario de Marbella se metió en asuntos bien intencionados cuando decidió acceder a la petición de un cliente y legitimar el “ilusorio” título de príncipe de Marbella. Un título inexistente que tramitó en su notaría a pesar de que eran inexactos los documentos que lo acreditaban, y por lo tanto, el susodicho notario ha sido condenado por la Audiencia de Málaga. Pues se había dejado llevar por lo que un individuo - cliente - le pedía y no se le ocurrió recabar la acreditación de la existencia cierta del título de príncipe de Marbella a quien se la tenía que pedir, pues los títulos nobiliarios dependen del Rey.
Me gustaría pensar que el origen del asunto latiría en las buenas intenciones del notario, al creer a pies juntillas lo que el cliente le contaba y le mostraba ante tal solicitud. Por esa razón y por otras razones parecidas, siempre he creído que las buenas intenciones juegan, en muchas ocasiones, malas pasadas, y no dan cobijo y cobertura a las demandas deseadas. No dudo que muchos de los políticos que rigen los destinos tortuosos de nuestro país no tengan buenas intenciones, pero en los supuestos en los que las determinaciones de sus actos llevan a situaciones que incluso perjudican a personas e instituciones, deberían de responder ante la Justicia como tuvo que responder el notario de Marbella.
Creo que los representantes del PNV no tienen malas intenciones cuando exigen al Gobierno de España el reconocimiento de El País Vasco como nación, pero en esas iniciales buenas intenciones se esconde una ilegalidad que sobrepasa los límites constitucionales que los españoles nos dimos y que, por lo tanto, se han de respetar. Si el Gobierno de España accediese a esa petición estaría haciendo lo mismo que el notario de Marbella, porque legitimaría algo que no se da en la realidad y que nunca existió.
También creo que el PSOE a través de la consejera de justicia de la Comunidad Autónoma Vasca ha concedido el tercer grado, es decir, ha sacado de la cárcel a los etarras declarados asesinos Luis Mariñelarena y Harriet Iragi autores de las muertes de José María Martín Carpena, Antonio Muñoz y Luis Portero. Seguramente pueda decir la consejera que no hay mala intención. Pero la hay. En este caso se les están pagando a los vascos extremistas y amigos de los asesinos los votos que prestan en El Congreso de los Diputados para que el Gobierno de España siga en sus poltronas.
Las buenas y las malas intenciones han traído de coronilla a los individuos que han decidido dar rienda suelta a asuntos falseados de uno u otro modo.
Y es que en ocasiones no es solamente precisa la idea de conciliar cosas inconciliables. La política catalana y los políticos independentistas seguramente también han tenido buenas intenciones, pero no fue suficiente cuando a pesar de las mejores intenciones del Gobierno de España, los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo han confirmado que no se le puede aplicar la Ley de Amnistía a Junqueras y a otros como Junqueras que también habían sido condenados por malversación. Los vascos y los catalanes deberían leer la buena literatura del castellano, idioma común de todos los españoles, y darse cuenta que incluso el pícaro Lázaro fue aceptando poco a poco los esquemas y valores de la sociedad en que vivía. Deseo firmemente que esos políticos a que me he referido, algún día no lejano, dejen de dar la tabarra al resto de sus conciudadanos que como ellos también son españoles, mal que les pese.