Colombia no recordaba un deterioro tan acelerado de la seguridad ciudadana y del orden público, o al menos no uno comparable sino con sus momentos más críticos. La sensación de desprotección dejó de ser una percepción aislada para convertirse en una realidad cotidiana: hoy el ciudadano sale a la calle con miedo, sin saber si regresará a casa víctima de un atraco, una extorsión o una bala perdida.
La llamada “paz total” prometía abrir un nuevo camino para la reconciliación nacional. Yo siempre hablé en que lo que debía trabajarse es por una paz integral donde la construcción de la paz girará cobijada por el Estado de Derecho. Sin embargo, hoy su balance resulta inquietante: no hay acuerdos sólidos, no hay desmovilizaciones efectivas, no hay reincorporación real a la democracia y, en cambio, sí hay expansión territorial de grupos armados, fortalecimiento de economías criminales y una creciente sensación de vacío institucional en amplias zonas del país.
El país no puede seguir confundiendo voluntad política con eficacia estatal. La seguridad no se decreta ni se improvisa; se construye con inteligencia, coordinación, autoridad y capacidad operativa. Y esa responsabilidad recae, en primer lugar, en el Estado de derecho . No es serio ni sostenible trasladar a alcaldes y gobernadores una carga que constitucional y materialmente corresponde a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional y a los organismos de inteligencia y por supuesto que que a la justicia. Las autoridades locales pueden acompañar, articular y prevenir, pero no reemplazar al Estado central ni suplir sus vacíos.
Hoy vemos alcaldes y gobernadores desprotegidos, reclamando apoyo, recursos y decisiones que dependen exclusivamente del Gobierno Nacional. Mientras tanto, en las ciudades crecen los robos, los homicidios y la violencia callejera; en Bogotá ya no sorprenden las riñas convertidas en escenas de brutalidad pública. Y en regiones como Valle , Cauca, Caqueta Nariño y Norte de Santander, por no decir que todos , las bombas, los asesinatos selectivos, los ataques armados y el control criminal vuelven a instalarse como parte del paisaje diario.
La consecuencia más grave no es solo el deterioro del orden público. Es la erosión de la confianza ciudadana. Cuando una persona teme tomar un bus, caminar por su barrio, sacar el celular o usar una tarjeta de crédito por miedo al fraude, lo que está en crisis no es solo la seguridad: es la libertad misma.
Y con la libertad en jaque, también se compromete el futuro económico del país. Sin seguridad no hay tranquilidad para inversión extranjera. Sin seguridad no hay turismo. Sin seguridad no hay comercio, empleo ni desarrollo posible. Ningún inversionista apuesta por un país donde el Estado no garantiza lo mínimo: orden, protección , justicia y certeza.
La ciudadanía no resiste más diagnósticos, excusas ni discursos. Colombia necesita autoridad democrática, presencia efectiva del Estado y una política de seguridad seria, técnica y coordinada. Necesita inteligencia que prevenga, policía que actúe, justicia que sancione y liderazgo que asuma responsabilidades.
Este no es solo un llamado al Gobierno actual. Es también una advertencia de cara al futuro. El país no puede volver a equivocarse al elegir a quienes habrán de conducirlo. Colombia necesita líderes comprometidos con el Estado de derecho, con la democracia, con las libertades, con la seguridad de los ciudadanos y que persiga y castigue a los corruptos y lidera la construcción de la equidad y desarrollo tanto económico como político.
Es momento de poner freno al desgobierno y a la inseguridad. Porque si no se actúa ya, el miedo terminará por expulsar a los colombianos de las calles, y con ellos, se irá también la confianza en el país.
