El último episodio de presión migratoria masiva en Ceuta ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda que trasciende las fronteras de la ciudad autónoma. No estamos ante un fenómeno meteorológico imprevisible ni ante una fatalidad inevitable. Lo que ha quedado al descubierto, de forma cruda y transparente, es el preocupante estado de los servicios de información y previsión del Ministerio del Interior. Cuando una movilización de miles de personas se gesta de manera burda, abierta y radiografiada en canales públicos y redes sociales, alegar sorpresa no es una opción; es la constatación de una ineficacia clamorosa.
El debate en torno a la figura del ministro Fernando Grande-Marlaska suele perderse en el ruido de las trincheras parlamentarias. Se le acusa a menudo de marrullero o de estratega abonado al cinismo político, pero ese enfoque equivoca el diagnóstico. A un ministro del Interior no se le debe exigir el cese por su mayor o menor pericia en el regate político, sino por la quiebra de la eficacia operativa en la seguridad del Estado. Si los mecanismos de alerta temprana son incapaces de detectar y prevenir lo evidente, la pregunta que legítimamente se hace el ciudadano es inevitable: ¿en manos de quién están las amenazas complejas y silenciosas si no logramos anticipar lo que ocurre a plena luz del día?
Sin embargo, el verdadero drama institucional no termina en el banco del Gobierno. La mirada se dirige de forma natural hacia la alternativa, y es ahí donde el problema se multiplica. La oposición liderada por Alberto Núñez Feijóo demuestra una desconcertante incapacidad para elevar el tiro y fiscalizar con rigor técnico este fallo estructural. En lugar de exigir auditorías de los sistemas de inteligencia, denunciar la falta de medios humanos sobre el terreno con datos técnicos o plantear una doctrina sólida de seguridad nacional, la respuesta de la oposición suele diluirse en el reproche genérico y la hipérbole estéril.
Es la frustrante constatación de la incompetencia al cuadrado. Por un lado, una gestión gubernamental que se ve desbordada en la frontera por falta de previsión; por el otro, una alternativa política que ni entiende la raíz técnica del problema ni sabe articular una fiscalización a la altura de un asunto de Estado. Entre la ineficacia de los unos y la torpeza de los otros, la seguridad nacional queda desprotegida y el ciudadano, huérfano de opciones. Mientras la política siga priorizando el relato sobre los resultados, las fronteras seguirán siendo vulnerables y la gobernabilidad, un bucle de incapacidades compartidas.
