Hay una señal del mercado que, a mi juicio, es de las más importantes que deben respetarse en economía: la que indica cuánto está dispuesto a pagar un actor económico antes de abandonar la formalidad. Si partiéramos de una visión estrictamente liberal, podríamos incluso discutir si existe un impuesto “correcto”, porque el impuesto no es un precio voluntario. Pero mientras exista el Estado y haya que financiarlo, sí tiene sentido preguntarnos cuál es una carga razonable que las personas y las empresas puedan afrontar sin arruinarse.
Hoy esa señal existe en Argentina y aparece, paradójicamente, en la economía sumergida. Hay un mercado informal que desde hace décadas nos está diciendo cuál es el coste que muchos actores económicos están dispuestos a asumir para escapar de una presión fiscal que consideran insoportable. Y una de esas señales surge del precio de la venta de facturas apócrifas. Suena mal, y lo es: se trata de una práctica ilegal. Pero negar que existe no ayuda a comprender el fenómeno económico.
En ese mercado informal, el precio de una factura apócrifa se encuentra, aproximadamente, en torno al 10,5% de su valor. A ello suele agregarse el coste de la maniobra financiera necesaria para bancarizar el pago, que puede rondar entre un 2,5% y un 3,5%. Es decir: el coste total se aproxima al 14%. Esa cifra es muy importante. No porque transforme al 14% en un impuesto moralmente correcto, sino porque revela una señal concreta: hay actores de la economía que están dispuestos a pagar alrededor de ese porcentaje, incluso asumiendo riesgos penales y económicos, antes que soportar la carga tributaria formal.
Y aquí aparece la lógica que el Estado debería observar. Para quien evade, la evasión no es gratuita. Existe el riesgo de una condena por delitos tributarios, de investigaciones por lavado de activos u otras figuras penales, además de multas, embargos y pérdida patrimonial. Por lo tanto, la decisión de entrar en la informalidad solo se vuelve racional cuando la diferencia entre el coste de operar formalmente y el coste de hacerlo informalmente es lo suficientemente grande como para compensar ese riesgo.
Ese es, en mi opinión, uno de los grandes errores de los Estados: fijar impuestos tan altos que, si fueran pagados plenamente, podrían destruir la rentabilidad de muchas empresas o directamente volver inviable su actividad. El resultado es perverso. El propio sistema arroja a parte de los actores hacia la informalidad y, al mismo tiempo, crea un negocio rentable para quienes venden mecanismos de evasión. Si la diferencia entre el impuesto que realmente puede pagarse y el impuesto que exige el Estado fuera mucho menor, desaparecerían ambas rentabilidades: la del evasor y la de quien provee la evasión.
Esto es pura Escuela Austriaca de Economía: escuchar las señales que surgen de las decisiones reales de los individuos, en lugar de pretender sustituirlas desde un escritorio. Si el Estado argentino se animara a bajar fuertemente los impuestos y acercarlos al margen que esas señales están mostrando, gran parte del mercado informal perdería sentido económico. Y si una economía sumergida que se estima superior al 40% comenzara a incorporarse a la formalidad, la recaudación no necesariamente caería; podría incluso aumentar al ampliarse de manera sustancial la base de contribuyentes.
Además, habría otro triunfo de la libertad: empresarios trabajando con paz interior, sin el agobio fiscal permanente, sin los nervios de vivir bajo riesgo penal para sostener su negocio y los puestos de trabajo que genera. Y con impuestos más bajos llegarían muchos más inversores.
Lo comprobé personalmente durante mi etapa como Consejero y Cónsul General de Argentina ante España, trabajando en promoción de inversiones. Uno de los puntos más difíciles era explicar a empresarios europeos las ventajas del nuevo entorno de libertad impulsado por el presidente Javier Milei y, al mismo tiempo, mostrarles una estructura fiscal argentina que todavía conserva buena parte de la herencia anterior: Ganancias que puede llegar al 35%, IVA general del 21%, Ingresos Brutos provinciales, tasas municipales de seguridad e higiene, impuesto al cheque, retenciones y percepciones. Muchas veces, al llegar a esa parte de la conversación, la estantería de la oferta argentina se caía.
Esto no es responsabilidad del actual Gobierno: es una situación heredada. Pero después del equilibrio fiscal, la motosierra y el achicamiento del Estado, hace falta tener el coraje de seguir la señal del mercado. Porque el gran error del Estado no es recaudar poco. Es creer que puede recaudar más manteniendo impuestos que empujan a millones de personas fuera de la formalidad.
