Nos jugamos mucho si los ciudadanos permitimos que se pierda la independencia judicial, porque los jueces actúan como intérpretes de la Ley y son árbitros de los conflictos de nuestra vida en sociedad. Sin jueces independientes no puede haber democracia, aparte de ser un factor disuasorio contra la delincuencia. Usando un símil futbolístico, ¿qué pasaría si los árbitros de la Liga de Futbol no fuesen imparciales? Pues, que no habría liga.
Sin embargo, la independencia judicial y el Estado de derecho en España sufren un proceso cancerígeno desde el año 1985. ¿Y por qué desde ese año? Pues porque el Gobierno de turno inició un proceso de politización del Poder Judicial y su órgano de gobierno, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que siguió extendiéndose hasta nuestros días. Los jueces y magistrados son independientes en su gran mayoría, pero no todos.
Como es sabido, la Constitución de 1978 despolitizaba la Justicia mediante el artículo 122.3, y la L.O. 1/1980 que lo desarrolló, adoptando estándares democráticos europeos para que más de la mitad de los vocales del CGPJ fuesen elegidos, no por los partidos políticos, sino por sus propios pares o compañeros. En concreto, dicho artículo dispone que, de los 20 vocales del CGPJ, 12 debían ser jueces y magistrados elegidos por los propios jueces, 4 juristas elegidos por el Congreso y 4 juristas elegidos por el Senado. Gracias a ello, pudimos separarnos de las dictaduras y España obtuvo la etiqueta de “democracia” pudiendo firmar el importante Tratado de Adhesión a la Unión Europea del 12 de junio de 1985.
Hasta aquí bien, pero el poder judicial es un trofeo demasiado preciado y, apenas dos semanas después de la firma de nuestra adhesión a la Unión Europea, el Gobierno de Felipe González, publicó la L.O. 6/1985, del 1 de julio de 1985, para que los 20 vocales fuesen elegidos por los políticos del Parlamento. Nadie en Europa denunció este incumplimiento, y en España, el Tribunal Constitucional dio por buena esta Ley, aunque advirtiendo del riesgo (cierto) de su politización. La excusa socialista era que los jueces son “de derechas” -fachas con toga según Podemos- y que deben representar a los partidos del Parlamento. El PP por su parte tampoco enmendó esta situación cuando tuvo mayorías.
Los jueces sólo tienen que representar a la Ley y no al pueblo ni su parlamento, y el reciente informe de la Comisión de Venecia, del 10 de octubre de 2025, junto a las recomendaciones del GRECO y de la propia Comisión Europea así lo confirman. La justicia española está por tanto muy cuestionada desde Europa, máxime cuando Sánchez quiere manipularla en una carrera contra reloj, para perpetuarse en el poder y exonerar los presuntos delitos de su esposa, hermano, entorno del PSOE y socios de Gobierno.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tiene 1 presidente y 20 vocales que, a su vez, dirigen a los 5.416 jueces españoles, los cuales no pueden sindicarse, pero si estar asociados, como lo ha hecho un 58% de los mismos. De entre los jueces afiliados a asociaciones, el 42,2 % lo han hecho con la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), 29,9 % con la AFV (Asociación Francisco de Vitoria), 14% con JJPD (Juezas y Jueces para la Democracia) y 11% con el Foro Judicial Independiente. El resto de jueces, un 42% del total, no están afiliados. Por todo ello, el nombramiento de los 12 vocales jueces del CGPJ tampoco debería hacerse a través de asociaciones con presuntos sesgos políticos.
Ha habido propuestas objetivas pero los partidos no las escucharon en su momento, empecinados en influir sobre el Poder Judicial en las causas que les interesen. En todo caso, la independencia judicial se verifica si el CGPJ, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los 17 Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y de Ceuta y Melilla, junto a los jueces se mantienen despolitizados. Pero siempre y cuando se les haya nombrado con criterios y méritos objetivos. La propuesta de la llamada Ley Bolaños choca, como no, contra este principio al tratarse de otra de sus Leyes sectarias y corruptas.
Desde ese año 1985, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han sido los responsables de mantener este intervencionismo político, habiendo llegado al 25 de junio de 2024 en que el CGPJ, tras cinco años de disputas y con el aval de la propia Comisión Europea, se ha renovado con 10 vocales designados por el PP sin admitir a Vox y otros 10 por el PSOE admitiendo a Sumar y Podemos. Estos 20 vocales nombran a su vez a 2 de los 12 Magistrados del Tribunal Constitucional, los Magistrados del Tribunal Supremo, la Comisión Disciplinaria del CGPJ o las 111 vacantes de la cúpula judicial que se están cubriendo en estos momentos.
Ante esa situación, la presidente del CGPJ, Mª Isabel Perelló, remitió consulta a la Comisión de Venecia, que ha dictaminado que el reparto bipartidista de estos 20 vocales es incompatible con los estándares de la democracia europea. El ministro Bolaños ha declarado que esta Comisión de Venecia da la razón al Gobierno, pero ello no es cierto y se trata de una nueva declaración falseada.
Entonces ¿qué se puede hacer? dado que el Tribunal Constitucional de Conde Pumpido parece comportarse como una terminal del PSOE de Sánchez. Las acciones para exigir que se cumpla el artículo 122.3 se están ejerciendo por un doble cauce, en España y en Europa:
Dentro de España, el PP ha registrado en el Congreso una Ley acorde con las recomendaciones de la Comisión de Venecia y otras instituciones europeas, a fin de modificar el sistema de elección de los Vocales del CGPJ para que sean elegidos por los propios jueces. Ello es muy positivo a pesar de que no citen expresamente el mencionado artículo 122.3 de nuestra Constitución, quizás por la vergüenza de haberlo obviado durante varias legislaturas del llamado período bipartidista.
Siguiendo en España, el recién creado think thank Atenea, por Iván Espinosa de los Monteros, ha publicado el informe “La recuperación del Estado de Derecho”, en cuyo apartado 04 Poder Judicial, defiende el artículo 122.3 y el retorno a la L.O. 1/1980.
Ante la Unión Europea, y a nivel de sociedad civil se están ejerciendo otros tipos de acciones por parte de asociaciones diversas y ciudadanos con sus abogados:
Planteando una Cuestión Prejudicial ante el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) para procedimientos abiertos.
Petición al Parlamento Europeo para que exija a la Comisión Europea que se cumpla la Constitución española, como parte integrante del ordenamiento europeo.
Recurso por Omisión contra la Comisión Europea ante el TGUE (Tribunal General de la Unión Europea) por incumplir sus funciones.
Pedir daños y perjuicios ante el TGUE contra la Comisión Europea, por haber propiciado este retroceso del Estado de Derecho en España y no haber puesto los medios para evitarlo.
Y todo ello se lleva a cabo con independencia de las huelgas de jueces y fiscales, junto a manifestaciones callejeras de repulsa de la sociedad civil contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por la Ley de Amnistía, los ataques a la independencia judicial y otros abusos generalizados. Todo lo que sea necesario para extirpar este cáncer contra la igualdad ante la Ley de todos los españoles.
Pata concluir, todo lo expuesto no va de derechas ni de izquierdas, sino de una independencia judicial que los partidos moderados han relajado y ahora el PP quiere garantizar, pero con el grave obstáculo de un PSOE que fagocita las instituciones y que, no sólo no respeta dicha independencia judicial, sino que ahora la ataca gravemente.
