El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha descartado de manera formal la activación de un segundo incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el presente ejercicio económico, una medida que había sido solicitada de forma recurrente por las organizaciones sindicales. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha manifestado durante la comparecencia de presentación de los datos de empleo y afiliación que, en la actualidad, no concurren las circunstancias técnicas ni la escalada inflacionaria que aconsejen articular dicha revisión extraordinaria.
Desde el departamento ministerial se argumenta que la diferencia existente entre la actualización salarial ejecutada y la evolución del índice de precios al consumo es mínima. El SMI experimentó una revalorización inicial del 3,1% para este año, mientras que el indicador adelantado de la inflación del mes de mayo, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se situó en el 3,2%, repitiendo el mismo comportamiento registrado en abril. El secretario de Estado ha expuesto que reabrir el proceso de negociación para aplicar un ajuste proporcional a esa décima de desviación se traduciría en una equivalencia económica de apenas un euro, por lo que la operación carecería de impacto real o sentido operativo.
Marco legal del Estatuto de los Trabajadores y contención de los precios
El marco regulador amparado por el Estatuto de los Trabajadores atribuye en exclusiva al Ejecutivo la potestad para determinar la cuantía anual del salario mínimo. La legislación contempla la posibilidad de realizar una segunda evaluación semestral dentro de un mismo ejercicio en función del comportamiento de variables macroeconómicas específicas, como la inflación. Esta vía era la reclamada por los sindicatos debido al repunte de la presión sobre los precios derivado del conflicto geopolítico en Oriente Medio.
No obstante, la lectura técnica de Trabajo concluye que el paquete de medidas de contingencia implementado por el Gobierno de España. Pérez Rey ha asegurado que estas herramientas de control público están logrando mitigar y contener el riesgo de una espiral inflacionaria, diferenciando la estabilidad actual del escenario de volatilidad extrema que se experimentó tras el estallido de la guerra de Ucrania provocada por la invasión rusa.
Despliegue del registro horario obligatorio y reforma del SEPE
A pesar de paralizar la senda de subidas del SMI, el Ministerio mantiene abiertas otras líneas de reforma estructural de carácter prioritario dentro del mercado de trabajo. Las directrices operativas del departamento se centran en las siguientes actuaciones normativas e institucionales. Por un lado, en lo relativo al registro de jornada, Trabajo mantiene el objetivo de tener aprobada antes del verano la nueva regulación reforzada para erradicar las horas extraordinarias no retribuidas. El departamento se encuentra completando los trámites administrativos indispensables para dotar al texto de la máxima seguridad jurídica, después de que el Consejo de Estado emitiera un dictamen con valoraciones críticas hacia la propuesta del equipo de la ministra Yolanda Díaz. Pérez Rey ha calificado la medida de puro sentido común y ha criticado la vigencia de sistemas analógicos en papel en pleno entorno tecnológico actual, incidiendo en que el nuevo registro debe operar de forma efectiva y dejar de ser un simple mecanismo formal para eludir sanciones inspectoras.
Por otro lado, en lo que respecta a la modernización de los organismos de empleo, se sitúa como prioridad la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en una agencia especializada, un mandato organizativo recogido en la Ley de Empleo de la anterior legislatura.
Finalmente, el secretario de Estado ha catalogado de urgente la transposición de la Directiva europea sobre transparencia salarial. Para encauzar este proceso de armonización comunitaria, el Ministerio tiene previsto convocar un encuentro de trabajo técnico previo con la participación de las organizaciones sindicales y la representación patronal.
