El nuevo Plan Energético del Gobierno de España hasta 2030 ha generado una fuerte polémica por el reparto desigual de la nueva potencia eléctrica prevista, que beneficiará principalmente a Cataluña y al País Vasco, regiones que concentrarán cerca del 40 % de los 27,7 GW proyectados de nueva demanda. En concreto, Cataluña recibirá alrededor de 5,4 GW (19,5 %) y el País Vasco unos 5 GW (18 %), mientras que comunidades como Madrid, Castilla-La Mancha o Extremadura quedan prácticamente al margen de la planificación.
Este reparto, que condicionará la capacidad energética y el desarrollo industrial de la próxima década, ha sido criticado por su impacto en la cohesión territorial y en la competitividad regional. Según fuentes del sector, la Comunidad de Madrid se considera una de las grandes perjudicadas, ya que el plan no contempla suministro suficiente para más de 70.000 viviendas previstas en nuevos desarrollos urbanísticos como Los Berrocales, Valdecarros o Retamar, además de varios proyectos industriales de gran escala.
Desigualdad en la planificación energética
El economista José Ramón Riera ha denunciado el reparto como un ejemplo de desequilibrio territorial y falta de visión de país, subrayando que “Cataluña y el País Vasco se llevan la luz… y el resto se queda a oscuras”. En su análisis, Riera sostiene que “el 40 % del total de los 27 GW que se van a poner en funcionamiento de aquí a 2030 son para el País Vasco y Cataluña, mientras el resto de España queda olvidado”.
Para el economista, esta distribución responde más a criterios políticos que técnicos, y supone un “agravio para las regiones que concentran buena parte del crecimiento demográfico y económico nacional, como Madrid, Castilla y León o Andalucía”. Además, alerta de que esta asimetría “puede condicionar la implantación de nuevas industrias y dificultar el acceso energético a miles de hogares”.
Impacto en la industria y el empleo regional
El reparto energético es clave para determinar dónde se desarrollarán nuevas fábricas, centros logísticos y polígonos industriales, ya que el acceso estable y suficiente a la red eléctrica es una condición indispensable para atraer inversión.
Según el sector, la falta de planificación equitativa amenaza la creación de empleo y la competitividad industrial en regiones que ya parten con menor infraestructura energética.
El Gobierno, por su parte, defiende el plan argumentando que la distribución se basa en criterios técnicos de demanda y capacidad de red, pero no ha publicado los detalles metodológicos ni los indicadores usados para la asignación de potencia.
Críticas por falta de transparencia y cohesión
Distintas administraciones regionales, entre ellas la Comunidad de Madrid, reclaman una revisión urgente del plan energético nacional, al considerar que la actual planificación “no garantiza la igualdad de oportunidades entre territorios”.
Expertos consultados advierten además que esta concentración energética en dos comunidades puede acentuar la brecha territorial y económica en España, en un momento en que la transición energética debería servir como instrumento de cohesión.
“El modelo actual es insostenible si queremos un país equilibrado, donde todas las regiones puedan desarrollarse con igualdad de acceso a la energía”, concluye José Ramón Riera, que reclama un reparto racional y transparente de la potencia planificada.
