Diversos analistas financieros y economistas han alertado en las últimas semanas sobre un aparente desfase de 13.500 millones de euros en la contabilidad del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Las cifras difundidas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) muestran variaciones que, según estos expertos, no cuadran con los ingresos reconocidos, los créditos disponibles y la ejecución presupuestaria reportada por el Gobierno.
Según las cifras que manejan estos críticos, al inicio del ejercicio la IGAE contabilizaba 25.000 millones de euros pendientes de ejecución correspondientes al MRR. Sin embargo, a 31 de octubre, la misma institución elevaba esa cifra hasta 34.500 millones, lo que supondría 9.500 millones más de disponibilidad.
El problema surge al incorporar el ingreso de 23.000 millones recibidos de la Unión Europea el 8 de agosto. Bajo este cálculo, la suma de fondos disponibles debería situarse en torno a 48.000 millones de euros. Si se restan los 34.500 millones actualmente reconocidos, el resultado dejaría un hueco contable de 13.500 millones, cuya ubicación no aparece reflejada en los datos oficiales.
Tal y como resume el economista José Ramón Riera, una de las voces que ha denunciado este desfase:
“No es un error de Excel ni un retraso administrativo; es un agujero contable que alguien debe explicar.”
La inquietud aumenta porque, según estas mismas fuentes, apenas se habrían adjudicado 8.900 millones en los diez primeros meses del año y pagado cerca de 4.300 millones, cifras consideradas muy bajas para un mecanismo cuya misión es acelerar la modernización económica del país.
Críticos señalan que la falta de trazabilidad precisa sobre estos 13.500 millones proyecta dudas sobre la eficiencia del sistema de control y la transparencia institucional. Por ello, varios economistas y cargos públicos reclaman que el director general de la IGAE y responsables de Hacienda comparezcan en el Congreso y el Senado para explicar el paradero de los fondos y clarificar las discrepancias.
Mientras tanto, desde los sectores que han difundido estas denuncias se insiste en que la magnitud del descuadre requiere una aclaración urgente:
“No se pueden perder 13.500 millones de euros que llegaron el 8 de agosto”, recoge otra de las frases de Riera utilizadas por analistas que reclaman luz sobre el caso.
A la espera de explicaciones oficiales, el debate continúa creciendo en redes sociales, foros económicos y ámbitos políticos, donde se considera que una revisión exhaustiva de los datos es imprescindible para restablecer la confianza en la gestión de los fondos europeos.
