La Asamblea de Madrid ha aprobado la nueva Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, un texto que moderniza de forma profunda el marco normativo que regula la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable del sector público autonómico. La norma sustituye a la legislación vigente desde 1990 y nace con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica, mejorar la eficiencia administrativa y adaptar el ordenamiento a la realidad institucional y económica actual.
Con esta actualización, el Ejecutivo autonómico busca ordenar con mayor claridad el funcionamiento de su administración económica, evitar duplicidades y ofrecer un entorno más estable tanto para los organismos públicos como para entidades y ciudadanos que interactúan con ellos.
Avances en control financiero y planificación presupuestaria
Uno de los pilares de la reforma es la actualización del sistema de control financiero y del modelo contable del sector público. La nueva norma incorpora mejoras en la planificación plurianual, la estabilidad presupuestaria y la transparencia, reforzando la comunicación con la Asamblea de Madrid.
En materia de subvenciones, se aplica una reforma profunda que permite adaptar su regulación a la legislación estatal, clarificando la naturaleza y el régimen jurídico de las sociedades mercantiles autonómicas, incluidos los grupos empresariales recogidos en el artículo 42 del Código de Comercio.
Regulación más clara de las operaciones económicas
Otro de los aspectos clave de la reforma es la actualización del marco que regula las operaciones económicas del Gobierno regional. La ley ordena procedimientos que antes quedaban recogidos únicamente en los presupuestos, como las operaciones financieras activas, y establece una distinción más definida entre:
- Tesorería General, que abarca a todo el sector público salvo universidades.
- Tesorería Central, responsable de la gestión de los recursos financieros de la Administración autonómica y de los organismos sin gestión propia.
Además, se regula un régimen específico para la función interventora en materia de personal, evitando la necesidad de reiterarlo en las leyes anuales de presupuestos.
Actualización del ordenamiento jurídico y eliminación de duplicidades
La aprobación de esta Ley supone la derogación de la normativa anterior de 1990, así como de la Ley 1/1989 sobre control parlamentario de la Administración Institucional. El objetivo es claro: combatir la hiperregulación y eliminar disposiciones desactualizadas, redundantes o innecesarias.
La norma incorpora figuras que no existían hace tres décadas —como consorcios o fundaciones públicas— y actualiza su regulación para adecuarla al marco europeo, estatal y autonómico vigente.
Con esta reforma, la Comunidad de Madrid da un paso decisivo hacia un modelo administrativo más moderno, flexible y transparente. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
