La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció este viernes, durante el Debate del Estado de la Región, la puesta en marcha de una nueva ayuda anual de 525 euros destinada a los pensionistas de jubilación e invalidez en modalidad no contributiva que no cuenten con vivienda en propiedad y vivan de alquiler.
Según explicó la presidenta, la medida beneficiará a unos 2.500 mayores madrileños que actualmente perciben un complemento estatal de alquiler creado en 2007 y que desde entonces no ha sido revalorizado. Con la nueva aportación autonómica, la cuantía que reciben se duplicará a partir de 2026.
Condiciones de la ayuda
La ayuda está dirigida a pensionistas no contributivos de la Seguridad Social que residan de forma habitual en viviendas alquiladas y cuyo contrato de arrendamiento sea con propietarios con los que no tengan relación familiar ni de pareja.
En el caso de unidades familiares con varios perceptores, únicamente podrá recibir la ayuda el titular del contrato de arrendamiento. Si hubiera más de un titular, se designará como beneficiario al primero de ellos, según ha detallado posteriormente el Gobierno regional.
Apoyo a colectivos vulnerables
Con esta medida, el Ejecutivo autonómico busca aliviar la situación económica de los pensionistas más vulnerables, que suelen contar con ingresos muy limitados. “Queremos que estas personas tengan más recursos para afrontar el alquiler y no se vean en situaciones de desamparo”, señaló Ayuso en su intervención.
Actualmente, la Administración General del Estado abona un complemento estatal a pensionistas de jubilación o invalidez sin vivienda en propiedad que viven de alquiler, pero no ha actualizado la cuantía desde hace 18 años, lo que ha reducido progresivamente su impacto real frente al encarecimiento del mercado inmobiliario.
Una medida con impacto directo
La ayuda autonómica de 525 euros reforzará ese complemento estatal, incrementando la capacidad económica de miles de mayores en Madrid y reforzando la política de apoyo a colectivos que dependen de pensiones mínimas.
Con ello, el Gobierno regional busca cubrir el vacío dejado por la falta de revalorización del complemento estatal, situando a la Comunidad de Madrid como la primera en dar un paso adicional para proteger a este colectivo.