Aunque algunas cifras requieren matices, los datos económicos disponibles indican que el gasto en intereses sigue siendo una carga relevante para las finanzas públicas del país.
El crecimiento de la deuda pública en cifras
Según estadísticas oficiales del Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas alcanzó un récord histórico de 1,7 billones de euros en el tercer trimestre de 2025, lo que equivale a alrededor del 103,4% del Producto Interior Bruto (PIB), aunque la ratio relativa ha descendido ligeramente respecto al año anterior por el crecimiento económico.
Este nivel sitúa a España entre los países con mayor endeudamiento público de la Unión Europea, aunque las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos señalan un posible descenso de esta relación deuda/PIB entre 2025 y 2030.
¿Cuánto paga España en intereses de la deuda?
La preocupación principal de Riera —y de muchos analistas— es el coste que supone la deuda pública en términos de intereses. Aunque afirmar que España ha destinado “260.000 millones en intereses en siete años” puede no estar alineado con series oficiales detalladas, sí existe evidencia de que el gasto en intereses ha aumentado significativamente en los últimos años.
Los datos disponibles muestran que en 2024 el gasto en intereses de la deuda pública superó los 39.000 millones de euros, una cifra récord, equivalente a más de 2,4% del PIB. Este tipo de costes, que son resultado de refinanciaciones de deuda emitida anteriormente a tipos bajos y de la necesidad de emitir nueva deuda a tipos más altos, ha crecido en términos absolutos en la última década.
El propio análisis de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé que los pagos por intereses podrían estabilizarse en torno al 2,5-2,8% del PIB en los próximos años si se mantienen los actuales niveles de tipos de interés.
Esto significa que, aunque elevados, estos pagos no se han disparado sin contrapartidas económicas: España sigue financiándose con costes de interés relativamente moderados en relación con otras economías europeas y con la propia historia reciente del país, en parte por la gestión del Tesoro y las condiciones del mercado.
Comparaciones y contexto: ¿qué significan esos números?
Es habitual que expertos pongan en contexto el gasto en intereses con partidas del gasto público que la ciudadanía reconoce, como sanidad o educación. Aunque no existe una cifra consolidada sobre “equivalencia exacta” con presupuestos completos, los más de 39.000 millones de euros destinados a intereses suponen una partida comparable a grandes rubros de gastos públicos.
No obstante, es esencial entender que estos gastos son una parte inevitable de la gestión financiera de un Estado con déficit estructural y deuda acumulada, especialmente en un entorno de tipos de interés más altos tras la retirada de los programas de compra de deuda por parte del Banco Central Europeo.
De hecho, los costes de la deuda no son solo una carga; también son un reflejo de la confianza de los mercados en la capacidad de España para financiarse. Esto se evidencia en la buena acogida de las emisiones de deuda pública en 2025, con intereses relativamente estables y demanda sólida por parte de inversores institucionales y minoristas.
El peso de los intereses en las políticas públicas
Una de las cuestiones recurrentes en debates económicos es si el pago de intereses limita la capacidad del Estado para financiar otras políticas, como sanidad, educación o inversiones públicas. Es cierto que un gasto elevado en intereses puede reducir el margen fiscal disponible para otras partidas, pero no es el único factor que determina la capacidad presupuestaria del Estado.
El déficit estructural, el crecimiento económico, la recaudación fiscal y otras prioridades de gasto social y de inversión compiten por espacio dentro del presupuesto. Según el Instituto Juan de Mariana, el gasto en intereses podría alcanzar hasta el 3% del PIB en los próximos años si no se logra una consolidación fiscal sostenida.
Además, expertos y organismos fiscales recomiendan estrategias de consolidación gradual que combinen crecimiento económico, control del déficit y políticas de gestión de deuda más eficientes, en lugar de simplificar el debate a cifras absolutas de gasto en intereses.
Conclusión: entre alarma y responsabilidad fiscal
Las cifras del gasto en intereses de la deuda pública española son relevantes y merecen atención, pero no deben interpretarse fuera de contexto. El aumento de estos pagos responde, en gran medida, a condiciones de mercado y a decisiones de política monetaria europeas, no exclusivamente a una mala gestión por parte de un único Gobierno.
Comparar el coste de los intereses con presupuestos de sanidad o educación es útil para ilustrar magnitudes, pero no sustituye a un análisis equilibrado que contemple crecimiento económico, capacidad de financiación, niveles de déficit y prioridades sociales.
En resumen, España enfrenta un reto fiscal real con su deuda pública y los pagos asociados, pero también cuenta con mecanismos y proyecciones que apuntan a una posible moderación de estos costes si se mantienen políticas económicas prudentes y un entorno de crecimiento sostenido.
