España vuelve a situarse en el punto de mira tras conocerse los últimos datos publicados por Eurostat, que colocan al país en el puesto 21 de 27 en ejecución efectiva de los fondos Next Generation. Un dato especialmente relevante si se tiene en cuenta que España es, tras Italia, el segundo Estado miembro que más dinero europeo ha recibido desde 2020.
En total, 48.303 millones de euros han llegado ya a nuestro país hasta 2024, una cifra destinada a impulsar la digitalización, la competitividad empresarial, la transición energética y proyectos de modernización económica. Sin embargo, solo el 64,7 % de lo recibido se ha ejecutado, muy lejos de países como Dinamarca, Francia o Países Bajos, que superan incluso el 100 % de ejecución, anticipando recursos y movilizando inversiones con agilidad.
Además, España continúa siendo el país europeo con más fondos aún sin utilizar, ya que mantiene más de 163.000 millones pendientes de ejecución y planificación. Un escenario que contrasta con el discurso optimista del Gobierno, que reivindica semana tras semana una “gestión ejemplar” y el impulso transformador de los fondos europeos.
Estas cifras han reavivado las críticas de expertos y analistas. Entre ellos, el economista José Ramón Riera, quien en un vídeo reciente califica la gestión del Ejecutivo como un “freno para el desarrollo económico” y resume su valoración con una frase que se ha viralizado:
“España es campeona en recibir dinero… y campeona en no saber usarlo.”
Riera denuncia la existencia de “proyectos sin ejecutar, retrasos administrativos, ministerios que no saben redactar convocatorias, empresas que no encuentran dónde presentar sus propuestas y subvenciones que nunca llegan”, una radiografía que refleja, a su juicio, un problema estructural en la gestión pública.
El economista subraya además que España solo ha logrado movilizar 31.000 millones de los 163.000 asignados, lo que supone tan solo el 19,6 % del total disponible, un porcentaje que él considera “clamorosamente insuficiente” frente a otros socios europeos. “Nos hemos ganado a pulso el puesto 21 de 27”, afirma, advirtiendo de que el retraso acumulado compromete la oportunidad histórica de transformar sectores clave como la industria, el transporte, la innovación o las infraestructuras.
Mientras tanto, Bruselas sigue exigiendo avances y pide al Gobierno reforzar la transparencia y acelerar la ejecución. España tiene todavía margen, pero también plazos estrictos: el 31 de agosto de 2026 es la fecha límite para comprometer los millones restantes.
Sin mejoras rápidas en la gestión administrativa, alertan los especialistas, parte de estos fondos corre el riesgo de perderse o quedarse sin ejecutar, un escenario que tendría un impacto directo en la economía, la competitividad empresarial y la creación de empleo.
