El Ingreso Mínimo Vital (IMV) vuelve a situarse en el centro del debate público tras conocerse su última evolución: 3.295 millones de euros entre enero y septiembre de 2025, un incremento del 20,7% respecto a 2024 y un 135% más que en 2021. La prestación, creada en 2020 como un mecanismo extraordinario frente a la pandemia, se ha convertido en una ayuda estructural que cada año exige más recursos públicos.
Según los datos del Ministerio de Inclusión, este aumento refleja no solo la consolidación del IMV como prestación permanente, sino también un deterioro social creciente en miles de hogares que no logran cubrir sus necesidades básicas. El economista José Ramón Riera, en un análisis crítico sobre la situación, resume el fenómeno con contundencia: “Lo que realmente está creciendo es la miseria en este país”.
De medida temporal a prestación permanente
El IMV nació en junio de 2020 con la voluntad de ser un salvavidas transitorio para las familias golpeadas por la crisis sanitaria. Sin embargo, su expansión desde entonces muestra que la recuperación no ha llegado por igual a todos los hogares. Riera insiste: “Si la economía fuera ese cohete del que presume el Gobierno, el IMV estaría bajando, no subiendo trimestre a trimestre”.
Desde 2021, una vez superado el impacto inmediato de la pandemia, cabría esperar una reducción progresiva de la prestación. Pero ha sucedido lo contrario: cada trimestre se suman miles de beneficiarios nuevos, mientras el gasto público aumenta aceleradamente.
Indicadores sociales que empeoran
Organizaciones independientes como Cáritas ya alertan de esta deriva. Sus últimos informes sitúan a:
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4,3 millones de personas en pobreza severa,
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11 millones con sentimiento de pobreza,
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y 12,5 millones en riesgo de exclusión social, según la tasa AROPE.
En este contexto, el aumento del IMV es un síntoma más del deterioro económico real de las familias pese a los datos macroeconómicos positivos que ofrece el Gobierno. Riera insiste también en otro elemento clave: “El desempleo no baja, el paro crece y por eso crece el Ingreso Mínimo Vital”.
Dependencia creciente y gasto estructural
El IMV se consolida así como un gasto estructural de enorme dimensión, que compromete a medio y largo plazo las cuentas públicas. Un gasto que, para muchos expertos, revela un problema más profundo: la incapacidad del mercado laboral para generar ingresos suficientes que eviten la necesidad de prestaciones asistenciales.
“Cada vez más familias no llegan a fin de mes, no tienen ingresos estables y dependen del Estado para subsistir”, señalan analistas consultados. El resultado: más dependencia, menor autonomía económica y un aumento del gasto público que recaerá sobre las siguientes generaciones.
Un indicador que desmiente el discurso oficial
Mientras el Ejecutivo insiste en que España lidera el crecimiento europeo y alcanza cifras históricas de empleo, el comportamiento del IMV se ha convertido en un indicador social que contradice ese relato.
El economista José Ramón Riera lanza una pregunta directa al Gobierno: “¿Cómo es posible que, si en 2021 estábamos peor por la pandemia, el IMV se haya multiplicado desde entonces por 2,3?”
Una afirmación acompañada de una crítica frontal: “Este país tiene cada día más pobres y por eso necesitan acudir al ingreso mínimo vital”.
Una llamada de atención a las instituciones
Para Riera y otros especialistas, el incremento del IMV no es un éxito de la política social, sino una advertencia de que los mecanismos económicos no están funcionando. Más precariedad, más hogares vulnerables y un aumento progresivo de personas en exclusión reflejan una situación que no se resuelve con prestaciones asistenciales, sino con políticas estructurales que generen empleo real y salarios suficientes.
El crecimiento del IMV, concluyen, debería convertirse en una señal urgente para revisar las prioridades económicas y sociales. Porque cuando la red asistencial crece más rápido que el PIB, no estamos ante un avance social, sino ante un aviso evidente de que algo no va bien.
