Un estudio elaborado por el CEU-CEFAS y el Instituto Juan de Mariana sostiene que la derogación del 84% de las leyes aprobadas durante los gobiernos de Pedro Sánchez permitiría un ahorro potencial de hasta 90.000 millones de euros. El documento ha sido presentado por responsables de ambas entidades y ha sido difundido en redes por el economista José Ramón Riera, quien ha defendido públicamente sus conclusiones.
El informe, según sus autores, clasifica la producción legislativa del periodo 2018-2024 mediante técnicas de análisis de datos y propone una revisión masiva del marco normativo vigente. La estimación económica sitúa el supuesto impacto en torno al 5% del Producto Interior Bruto (PIB).
¿Qué plantea exactamente el informe?
El trabajo —dirigido por el presidente del Instituto Juan de Mariana, Manuel Llamas, y coordinado por el economista Diego Sánchez de la Cruz— analiza centenares de normas aprobadas desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Según explican sus promotores, el 84% de las leyes serían “derogables” desde una óptica de reducción regulatoria y simplificación administrativa. El ahorro estimado —90.000 millones de euros— incluiría costes regulatorios, cargas administrativas y efectos económicos asociados al cumplimiento normativo por parte de empresas y autónomos.
Los impulsores del documento han anunciado su intención de trasladarlo a partidos como el Partido Popular y Vox con el objetivo de que sirva de base para una eventual reforma legislativa futura.
El debate sobre el coste regulatorio
La cuestión de la sobrerregulación y su impacto económico es objeto de debate recurrente tanto en España como en la Unión Europea. Organismos como la Comisión Europea promueven desde hace años programas de “mejor regulación” (Better Regulation), orientados a simplificar normas y reducir cargas administrativas sin menoscabar la protección social o ambiental.
En España, el propio Gobierno ha defendido que buena parte de la legislación aprobada en los últimos años responde a la transposición de directivas europeas, a la gestión de la pandemia o a reformas estructurales vinculadas a los fondos Next Generation.
Los críticos, sin embargo, sostienen que el volumen normativo genera incertidumbre jurídica y eleva costes de cumplimiento, especialmente para pymes y autónomos.
¿Es viable un ahorro de 90.000 millones?
Economistas consultados habitualmente en el debate público recuerdan que cuantificar el “coste” de una ley es metodológicamente complejo. El impacto económico de una norma no se limita al gasto directo, sino que incluye efectos indirectos, beneficios sociales y externalidades.
Por ejemplo, regulaciones laborales, fiscales o medioambientales pueden implicar costes empresariales a corto plazo, pero también generar ingresos públicos, mejorar condiciones de competencia o reducir riesgos sistémicos.
Además, una derogación masiva mediante un decreto ley ómnibus —como plantea el informe— estaría sujeta a límites constitucionales y a control parlamentario y judicial.
Contexto macroeconómico
El debate se produce en un momento en el que España mantiene un crecimiento superior a la media de la eurozona, según los últimos datos de Eurostat, pero también afronta desafíos como el elevado nivel de deuda pública y la consolidación fiscal exigida por las nuevas reglas europeas.
La discusión sobre cuánto pesa la regulación en la competitividad económica forma parte de un debate más amplio sobre el modelo productivo, la política fiscal y el equilibrio entre intervención pública y libertad económica.
Un debate que trasciende lo académico
Más allá de la cifra concreta de 90.000 millones, el informe del CEU-CEFAS y el Instituto Juan de Mariana ha reactivado el debate político sobre la herencia legislativa de los últimos años y sobre el alcance de una eventual agenda de desregulación en España.
Mientras sus autores defienden que una reducción drástica del marco normativo impulsaría el crecimiento y aliviaría cargas empresariales, otras voces subrayan que cualquier reforma debe ponderar el equilibrio entre eficiencia económica y protección de derechos.
El contenido completo del estudio está disponible a través de las plataformas de las entidades promotoras, donde se detallan los criterios utilizados para la clasificación normativa y la metodología de estimación económica.
