Esta decisión, aprobada recientemente por el Congreso de los Diputados, supondrá un sobrecoste de más de 40 millones de euros anuales para el sector, según la Unión de Empresas Siderúrgicas (UNESID).
El fin de esta exención fiscal eleva significativamente los costes de producción de la siderurgia, un sector ya altamente impactado por los sobrecostes energéticos. Con un consumo de aproximadamente 10 TWh, esta medida implicará un incremento medio de unos 4€/MWh, lo que afectará gravemente a la competitividad de las empresas.
España, el doble de cara que otros países europeos
Desde UNESID denuncian que la producción siderúrgica en España ya era más cara que en países como Francia o Alemania, lo que agrava aún más la situación del sector. “Urge reducir la factura eléctrica mediante peajes justos y costes eficientes para fortalecer la competitividad de nuestra industria en un mercado global cada vez más exigente”, ha declarado Carola Hermoso, directora general de UNESID.
Revisión del Estatuto del Consumidor Electrointensivo
El sector ya venía reclamando mejoras en el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, un mecanismo diseñado para garantizar tarifas eléctricas más competitivas a empresas con alto consumo energético, como la siderurgia. Sin embargo, este marco regulador ha quedado desfasado ante el actual encarecimiento energético.
Para UNESID, el Estatuto debe garantizar que los costes eléctricos en España sean competitivos respecto a los de otros países europeos. Sin esta estabilidad tarifaria, las empresas del sector corren el riesgo de perder mercado y poner en peligro más de 60.000 empleos.
Llamado urgente al Gobierno
Ante la creciente volatilidad del mercado eléctrico y la falta de estabilidad regulatoria, UNESID exige al Gobierno que revise esta decisión y trabaje en medidas que permitan a la industria operar en igualdad de condiciones con el resto de Europa.
La siderurgia española, que opera con altos estándares de sostenibilidad y eficiencia energética, afronta retos cada vez mayores. Por ello, la patronal del acero insiste en que es urgente establecer un entorno tarifario más justo y predecible para garantizar la viabilidad del sector y evitar pérdidas de competitividad y empleo en una industria clave para la economía española.
