La indignación ciudadana ha traspasado fronteras. Representantes de la sociedad civil española han entregado este miércoles una carta en las oficinas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea en Madrid denunciando lo que consideran una “situación de extrema gravedad institucional”. El documento, que ha comenzado a circular también por redes sociales y plataformas ciudadanas, califica como un “golpe de Estado” la actuación del actual Gobierno y exige la intervención urgente de las instituciones europeas para proteger el Estado de Derecho en España.
La misiva, firmada de manera anónima para evitar “represalias, inspecciones y multas”, acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de tratar de controlar el poder judicial mediante leyes como la controvertida Ley de Amnistía y la llamada Ley Bolaños, que los impulsores consideran un ataque directo a la independencia judicial, la separación de poderes y la legalidad constitucional.
“No pararemos hasta tener elecciones generales”
Bajo el lema “¡Basta ya de mentiras y distracciones! ¡No al golpe de Estado!”, el movimiento ciudadano lanza una campaña de movilización permanente desde este 17 de julio, con protestas simbólicas, actos reivindicativos y recogida de peticiones de apoyo por toda España y ante organismos europeos.
“Convocamos a jueces, fiscales, abogados, funcionarios, agricultores, artistas, periodistas, autónomos, militares, empresarios, jubilados y ciudadanos de toda condición a defender pacíficamente el último bastión democrático: la independencia judicial”, señala el documento difundido por los organizadores. Se propone que pequeños grupos de hasta 19 personas —el máximo legal sin necesidad de permiso— se reúnan de forma regular ante ayuntamientos y espacios públicos para visibilizar su rechazo a las reformas gubernamentales.
Además, se anima a presentar peticiones ciudadanas formales ante la Representación de la Comisión Europea y la Oficina del Parlamento Europeo en España, ubicadas en el Paseo de la Castellana de Madrid, así como enviar correos electrónicos a las principales instituciones de la UE: Comisión, Parlamento, Consejo Europeo y tribunales de justicia comunitarios.
Denuncias de cesión al separatismo y manipulación judicial
Los organizadores acusan al Gobierno de entregar recursos e impunidad a partidos separatistas para garantizar su apoyo parlamentario, lo que según ellos pone en peligro la igualdad entre españoles y el orden constitucional. “Se pretende sustituir jueces independientes por fiscales sumisos al Fiscal General del Estado —ya procesado—, y borrar delitos cometidos y por cometer. Las sentencias deben dictarse en los juzgados, no en Moncloa ni en el Tribunal Constitucional”, advierte la carta.
La campaña denuncia también la influencia de “prófugos desde Bélgica y Suiza” y de “filo terroristas” sobre la agenda política del Gobierno, y alerta de que si no se frena esta deriva, “España caerá, y con ella Europa”.
Un llamamiento europeo y un posible recurso legal
En la carta entregada a las autoridades comunitarias, se exige que la Comisión Europea y el Parlamento actúen “con determinación” para garantizar que el Gobierno español cumpla con la Constitución —especialmente con su artículo 122 sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)— y con el marco legal europeo. En caso contrario, los firmantes anuncian que se reservan el derecho de presentar un Recurso por Omisión ante las instituciones comunitarias.
Esta figura jurídica permite a los ciudadanos exigir a la UE que cumpla con sus obligaciones legales cuando no actúa ante una violación clara del Estado de Derecho en un Estado miembro. El precedente de los casos de Hungría y Polonia ha puesto de manifiesto que la inacción institucional puede tener graves consecuencias democráticas.
Una movilización transversal, apartidista y legal
Los promotores de esta campaña insisten en que se trata de una iniciativa apartidista, transversal y estrictamente legal. “Nuestra voz no está atada a ideologías ni partidos. Queremos preservar la democracia, no dinamitarla. Reivindicamos una justicia libre, una política limpia y una Europa que no tolere la arbitrariedad”, concluyen.
En paralelo, en redes sociales y plataformas ciudadanas se están difundiendo modelos de cartas y recursos legales para que cualquier persona pueda sumarse a la movilización, ya sea en la calle, en su municipio o desde el extranjero.