La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Julio César Santos, jefe del Servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Madrid, a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público vinculado al urbanismo, al considerarle responsable de un delito de prevaricación administrativa por ordenar en 2022 la demolición irregular de una vivienda habitada en la Cañada Real Galiana, sin orden judicial firme ni haber verificado su ocupación.
Según la sentencia, Santos actuó de manera arbitraria y sin garantizar los derechos del administrado, ejecutando el derribo en menos de 24 horas tras recibir un informe del entonces comisionado para la Cañada Real que aseguraba, sin pruebas, que la casa estaba abandonada. El tribunal destaca que el procedimiento estaba aún en curso y había sido recurrido por el propietario, quien había presentado alegaciones previas y cuyos enseres personales permanecían en la vivienda.
El afectado, identificado como A.C., residía en la casa desde 2006, con permiso de residencia y trabajo en vigor, y había adquirido legalmente la finca donde se construyó su hogar de más de 80 metros cuadrados, con estancias, pozo de agua y suministros. En el momento del derribo, se encontraba de vacaciones en Marruecos, circunstancia acreditada por su entorno y utilizada en el juicio para demostrar que la vivienda no estaba deshabitada.
La sentencia —que absuelve al excomisionado Markel Gorbea, al considerar que su participación no tuvo efectos ejecutivos— también declara al Ayuntamiento de Madrid responsable civil subsidiario de los daños causados, lo que podría conllevar una indemnización económica al damnificado.
Los jueces han sido especialmente duros con Santos, al señalar que "actuó a sabiendas de la injusticia" y que con su decisión impidió al afectado recurrir eficazmente en vía contenciosa, anulando de facto sus derechos administrativos. La demolición se llevó a cabo el 19 de julio de 2022, apenas cinco días después de que se declarase el supuesto abandono de la parcela.
La plataforma CAES (Centro de Asesoría y Estudios Sociales), que ha representado al propietario, ha celebrado la sentencia como una advertencia a las prácticas arbitrarias de la administración y ha denunciado que estos derribos forman parte de una estrategia de acoso inmobiliario en el contexto de los desarrollos urbanísticos del sureste de Madrid, colindantes con la históricamente marginada Cañada Real. Este enclave, considerado el mayor asentamiento irregular de Europa, sufre además cortes prolongados de electricidad desde 2020 en varios sectores.
A.C. rechazó en su día una propuesta de realojo en Cobeña, a más de 50 kilómetros de su centro de trabajo, y recurrió administrativamente la oferta. Desde entonces, ha luchado por su derecho a conservar la vivienda y reparar el daño sufrido.
El fallo, que aún puede ser recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pone en entredicho el proceder del Ayuntamiento de Madrid en materia urbanística y sienta un precedente judicial relevante en la protección de derechos de los residentes de la Cañada Real. Mientras tanto, desde el consistorio no se ha emitido aún una respuesta oficial sobre la sentencia.
