La 38ª edición de los Cursos de Verano Complutense ha dejado un diagnóstico tan fascinante como inquietante: la sociedad actual se debate entre avances tecnológicos vertiginosos y unas estructuras institucionales ancladas en el pasado. Durante las últimas jornadas, ponentes de distintas disciplinas han dibujado un retrato colectivo en el que coexisten avatares con NFTs y blockchain, inteligencias artificiales que deciden sobre seguros o empleos, y un sistema judicial colapsado con más de cuatro millones de casos pendientes, incapaz de responder a las necesidades del presente.
“La justicia española sigue funcionando con lógicas del siglo XIX”, alertó el magistrado Juan Carlos Campo, quien denunció demoras de hasta 12 años en la resolución de pleitos, una situación que provoca una creciente desafección ciudadana. A su juicio, el deterioro de este pilar del Estado de derecho socava la convivencia democrática.
Mientras el sistema se hunde en la lentitud y el colapso, la tecnología avanza sin freno ni supervisión. Así lo subrayaron voces como la del CEO de BSVA, Asgeir Thor Oskarsson, al describir economías digitales basadas en tokenización de activos (NFTs) y microtransacciones a coste casi cero en videojuegos. Aunque planteó una utopía económica donde millones de jugadores operen libremente, expertos alertaron de los riesgos de centralización y seguridad, comparando estos sistemas con plataformas de intercambio financiero que ya han sufrido robos millonarios.
En este escenario, la Inteligencia Artificial se erige como un nuevo actor de poder. El especialista en ética de la IA, Adrián Gavornik, lanzó un inquietante interrogante: “¿A quién puedo discriminar? ¿Qué hace que una característica sea éticamente aceptable?”. Denunció la ausencia de auditorías transparentes y la venta encubierta de datos personales, citando el caso de una startup japonesa que compartió con grandes empresas información sensible de aspirantes a empleo.
“Estamos creando sistemas que toman decisiones clave, pero que nadie puede explicar o controlar”, advirtió Gavornik, subrayando el peligro de que estas “cajas negras algorítmicas” sustituyan a instituciones sin una base ética o legal sólida.
Pero si la tecnología genera incertidumbre, la ciencia ofrece una promesa tangible de bienestar. La catedrática Mónica de la Fuente presentó avances en el campo de la microbiota intestinal, capaces de reducir la edad biológica en solo dos meses mediante la administración de cepas probióticas. Según sus estudios, los centenarios comparten un perfil inmunitario similar al de personas mucho más jóvenes, lo que demuestra que el envejecimiento puede modularse desde dentro.
“Comer la mitad, andar el doble y reírse el triple”, resumió citando a una anciana japonesa. Para De la Fuente, la combinación de ejercicio, buena actitud y nutrición es la clave de una longevidad saludable.
No obstante, esta promesa de longevidad contrasta con la persistente fragilidad institucional y las heridas de una historia reciente aún no cicatrizada. El profesor Fernando Valls revivió el drama de la escritora Ana María Matute, quien se vio obligada a mutilar su novela Luciérnagas bajo la censura franquista. Años después, confesó que aceptó los cambios por necesidad: “La vida de mi hijo es lo más importante”.
El relato de Matute, despojada incluso de la custodia de su hijo, retrata a una creadora silenciada por un Estado represor, y evidencia cómo la falta de derechos y justicia ha tenido consecuencias devastadoras para la cultura y la libertad de expresión.
Frente a este contraste, los Cursos de Verano Complutense han arrojado una pregunta de fondo: ¿podemos gobernar con responsabilidad los avances tecnológicos si no hemos resuelto aún nuestras deudas éticas e institucionales?. La paradoja es evidente: la misma sociedad que diseña avatares digitales y rejuvenece su cuerpo, no ha conseguido modernizar su sistema judicial ni regular los nuevos poderes digitales.
La gran encrucijada del siglo XXI, concluyen los expertos, no será tecnológica, sino política y ética. La batalla por vivir más se libra en los laboratorios; la lucha por vivir mejor, en los tribunales, las leyes y las decisiones colectivas. La pregunta que definirá el futuro es quién escribirá el código de esta nueva era: ¿las instituciones públicas con transparencia o las grandes plataformas con algoritmos opacos? Porque, como quedó claro en El Escorial, la tecnología redefine la vida, pero solo la ética puede darle valor.
