Infraestructuras

La Comunidad destina 20 millones a modernizar sus sedes judiciales entre 2025 y 2028

El nuevo Acuerdo Marco agiliza las obras en infraestructuras judiciales y responde a la implantación de la Ley de Eficiencia de la Justicia
Justicia
photo_camera Justicia

La Comunidad de Madrid refuerza su compromiso con la modernización de la Administración de Justicia a través de una inversión de 20 millones de euros destinados a la reforma, ampliación y mejora de las sedes judiciales repartidas por toda la región.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo Acuerdo Marco 2025-2028 que permitirá optimizar los procesos de contratación pública, ahorrar costes y acelerar las intervenciones en los edificios judiciales.

Esta medida, impulsada por la Dirección General de Infraestructuras Judiciales, dependiente de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, persigue adaptar los inmuebles a las nuevas necesidades derivadas de la Ley estatal de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuyo despliegue requiere adecuaciones técnicas y estructurales en numerosos órganos judiciales.

El nuevo acuerdo establece un marco único de licitación con un solo lote y condiciones comunes, lo que permite una mayor coordinación, respuesta ágil y simplificación administrativa en los procedimientos. Las actuaciones se extenderán por los 21 partidos judiciales de la región, abarcando desde reformas integrales hasta pequeñas obras de acondicionamiento o mejoras de accesibilidad y eficiencia energética.

Más de 90% de los órganos judiciales, en renovación

La Comunidad de Madrid ha fijado como objetivo intervenir sobre más del 90% de los 571 órganos judiciales existentes durante la presente legislatura. Esta ambiciosa apuesta por la renovación y modernización de infraestructuras judiciales se enmarca dentro de un plan estratégico dotado con más de 830 millones de euros, que incluye desde la construcción de nuevas sedes hasta la renovación parcial o total de las ya existentes, con especial atención a la sostenibilidad energética y la accesibilidad universal.

El nuevo Acuerdo Marco, que comenzará su licitación en los próximos días, tendrá una duración de 36 meses sin posibilidad de prórroga. No obstante, los contratos que se deriven del mismo podrán adjudicarse dentro de este periodo y ejecutarse más allá de su finalización.