El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que ha asesorado a los afectados, ha señalado que este caso es un ejemplo del deterioro del Plan Vive en la Comunidad de Madrid, al que han rebautizado como "Plan Sobrevive" debido a las dificultades que enfrentan los residentes.
Principales denuncias de los vecinos
Cláusulas abusivas en los contratos
Los inquilinos critican que los contratos incluyen condiciones ilegales, como la imposición de gastos de comunidad e IBI a los arrendatarios, práctica ya prohibida en viviendas de protección pública. También denuncian la renuncia obligatoria a derechos esenciales en caso de interrupción de suministros y la obligatoriedad de permitir el acceso del arrendador a las viviendas sin consentimiento expreso, lo que vulnera el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Deficiencias estructurales y en zonas comunes
Además de las cláusulas contractuales, los vecinos han señalado graves problemas estructurales en los edificios y deficiencias en los servicios comunes:
- Grietas en los pasillos de acceso a las viviendas.
- Goteras en trasteros y garajes, afectando incluso al sistema de alarma de incendios y provocando activaciones constantes.
- Falta de personal de mantenimiento, con solo una persona para tres bloques.
- Carencia de instalaciones prometidas, como zonas de solárium en la piscina o aparcamientos para bicicletas.
- Viviendas entregadas con menor tamaño del especificado en los contratos.
Problemas con la climatización y la aerotermia
Otro de los aspectos más preocupantes es el mal funcionamiento del sistema de aerotermia, que ha causado cortes continuos de agua caliente y fallos en la climatización.
Los inquilinos denuncian que las averías son recurrentes y que la gestora no resuelve los problemas de forma efectiva, afectando especialmente en los meses de frío. Además, critican el ruido constante generado por las bombas de agua situadas en los tejados, que provoca molestias en los pisos superiores cada cinco minutos.
Otro aspecto controvertido es la imposición de una única empresa para el servicio de climatización, sin posibilidad de elección por parte de los inquilinos.
Falta de transparencia y gestión deficiente
Los vecinos también han denunciado la opacidad en la gestión de la comunidad, afirmando que, a pesar de pagar el máximo legal permitido (18% de la renta) en concepto de gastos comunitarios, la empresa no ha justificado el destino de estos fondos ni ha permitido reuniones informativas.
Según los inquilinos, servicios como el gimnasio y el coworking están en condiciones deficientes, lo que refuerza la sospecha de que el dinero de la comunidad no se está utilizando adecuadamente.
Reacciones y postura de la administración
A pesar de las quejas de los vecinos, desde la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras han asegurado que las cláusulas de los contratos son legales y se ajustan a la Ley de Arrendamientos Urbanos.
Además, han indicado que el 97% de los defectos señalados ya han sido corregidos, aunque afirman que siguen analizando las reclamaciones presentadas por los inquilinos.
Sin embargo, los afectados critican la falta de respuesta y apoyo por parte de las administraciones públicas, acusando a la Comunidad de Madrid de tratar la vivienda como un negocio y no como un derecho fundamental.
"Nos vendieron el Plan Vive como una solución de vivienda asequible, pero la realidad es que se ha convertido en un modelo de negocio donde los inquilinos pagan por un servicio que no se cumple", concluye un portavoz de los afectados.
El Plan Vive, en el punto de mira
El Plan Vive, impulsado por la Comunidad de Madrid, tenía como objetivo ofrecer alquiler asequible en viviendas de nueva construcción. Sin embargo, en varios municipios han surgido quejas similares, señalando problemas de calidad en la construcción y cláusulas abusivas.
La polémica en Alcalá de Henares se suma a otras denuncias en Alcorcón, Móstoles y Torrejón de Ardoz, donde los vecinos han alertado sobre condiciones deficientes y falta de cumplimiento de las promesas iniciales.
A medida que las reclamaciones se acumulan, la incertidumbre sobre la gestión y viabilidad del Plan Vive en la Comunidad de Madrid continúa creciendo.
