El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha afirmado en un auto que es "evidente" que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hizo desaparecer pruebas de sus terminales móviles, pruebas que podrían haber sido clave en la investigación en curso.
Según el instructor, aunque la eliminación de pruebas por parte de un investigado no tiene relevancia penal directa, sí impacta en el desarrollo de la instrucción judicial. En este sentido, ha recordado que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que el procedimiento penal debe garantizar la posibilidad de recoger vestigios del delito antes de que puedan ser eliminados.
Investigación de la UCO y borrado de pruebas
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó que los dispositivos móviles del fiscal general no contenían mensajes, lo que llevó al magistrado a pedir ayuda a Google y WhatsApp para intentar recuperar información. También se han solicitado los registros de llamadas del jefe del Ministerio Público.
García Ortiz justificó el borrado alegando "razones de seguridad" y cumplimiento de protocolos internos de la Fiscalía, pero el magistrado Hurtado sostiene que si realmente hubiera querido colaborar con la investigación, podría haber informado antes de eliminar el contenido de su móvil.
El juez recalca que la eliminación de estas pruebas se produjo el 16 de octubre de 2024, justo un día después de que el Tribunal Supremo asumiera la competencia del caso, lo que refuerza las sospechas sobre la intencionalidad de esta acción.
Acceso restringido a los informes de la UCO
En respuesta a una queja presentada por García Ortiz, quien denunció una vulneración de la normativa de protección de datos, el magistrado ha dictaminado que los anexos de los informes de la UCO solo podrán ser consultados de forma presencial en el tribunal.
Estos documentos incluyen números de teléfono, direcciones postales y datos de DNI de diversas personas relacionadas con el caso, entre ellas un escolta, otro fiscal, un abogado y un periodista.
Sin embargo, Hurtado ha defendido el derecho de las partes a acceder a toda la documentación del proceso, argumentando que la tutela judicial efectiva prevalece sobre la supresión de datos personales.
Un caso con implicaciones institucionales
La investigación en torno al fiscal general del Estado sigue avanzando, con nuevas diligencias que buscan esclarecer la posible eliminación de pruebas. Mientras tanto, el Tribunal Supremo mantiene su postura de garantizar el acceso a la información para que ninguna de las partes sufra indefensión en este caso que podría tener importantes repercusiones políticas y judiciales.
