La sentencia, emitida por unanimidad, llega un día antes de que García Ortiz declare como imputado en el marco de una investigación por presunta revelación de secretos.
Sentencia: discrecionalidad del Gobierno y rechazo a las alegaciones de APIF
La Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo desestimó las alegaciones de APIF, que cuestionaban la idoneidad de García Ortiz para su segundo mandato al frente del Ministerio Público. Entre los argumentos de la asociación figuraba la anulación por parte del Supremo de los ascensos otorgados por su predecesora, Dolores Delgado, y un supuesto incumplimiento grave y reiterado de las funciones propias de su cargo durante su primer mandato.
El tribunal destacó el "amplio margen de discrecionalidad" que el artículo 124.4 de la Constitución confiere al Gobierno para designar al fiscal general, siempre y cuando se cumplan los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo General del Poder Judicial. Además, subrayó que las actuaciones cuestionadas por APIF no constituyen motivos suficientes para considerar a García Ortiz no apto para el cargo.
Declaración como imputado por revelación de secretos
La confirmación de su nombramiento coincide con un momento delicado para García Ortiz. Este miércoles, deberá comparecer en el Supremo como imputado por una presunta filtración a la prensa de datos relacionados con una negociación entre el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso y un fiscal que investigaba al empresario por delitos fiscales y falsedad documental.
A pesar de la gravedad de estas acusaciones, el Supremo aclaró que la existencia de decisiones judicialmente anuladas, incluso por desviación de poder, no implica automáticamente la falta de idoneidad para el cargo. Según la sentencia, la anulación de actos administrativos no constituye un incumplimiento grave y reiterado de las funciones constitucionales del fiscal general.
APIF: un recurso basado en la idoneidad del nombramiento
La asociación recurrente argumentaba que García Ortiz había vulnerado el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que, según su interpretación, habilitaría al Gobierno a cesarlo. Sin embargo, el tribunal desestimó que los hechos presentados evidenciaran un incumplimiento grave de sus funciones.
El Supremo también defendió la prudencia en el examen judicial de estos casos, recordando que no debe interferir en la facultad constitucional del Gobierno para designar al fiscal general.
Un fallo que refuerza la posición de García Ortiz
La sentencia supone un respaldo legal al segundo mandato de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, a pesar de la controversia en torno a su nombramiento y la investigación en curso. Su continuidad en el cargo refuerza la apuesta del Gobierno por su figura, aunque el escenario judicial que enfrenta podría afectar su gestión en los próximos meses.
