La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente han exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que presenten una querella contra los jueces a los que acusan de “hacer política” o, en su defecto, que se retracten públicamente de esas manifestaciones.
El origen de la polémica
Las asociaciones reaccionan así a las declaraciones realizadas por Sánchez el pasado 1 de septiembre en una entrevista en RTVE, donde afirmó que “hay jueces haciendo política” en referencia a causas que afectan a su entorno personal y al fiscal general del Estado. El presidente añadió que “hay jueces que no cumplen con la ley” y denunció lo que llamó “pena del telediario” para sus familiares.
Posteriormente, el ministro Félix Bolaños respaldó estas palabras al asegurar que la situación descrita por Sánchez era “una realidad incontestable”. Además, instó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a dar “un toque serio por algunas instrucciones indefendibles”.
Petición de acciones legales o rectificación
Ante estas afirmaciones, AJFV y Foro Judicial Independiente han difundido un comunicado en el que reclaman que, si el Gobierno considera que existen jueces que dictan resoluciones con fines políticos, “identifiquen tales hechos y presenten las denuncias o querellas correspondientes, ya que esas conductas serían constitutivas de un ilícito penal”.
“Somos los primeros interesados en que se persiga a los jueces que cometan delitos”, subrayan las asociaciones. Pero, en caso de no hacerlo, instan a Sánchez y Bolaños a rectificar sus palabras porque “el recto ejercicio de sus cargos no es compatible con expresiones que cuestionan el normal funcionamiento de las instituciones públicas y menoscaban la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia”.
Riesgo para la separación de poderes
Los colectivos judiciales sostienen que las manifestaciones del presidente y del ministro “van más allá de la libertad de expresión” y suponen un “daño gravísimo” tanto para la independencia judicial como para la confianza que los ciudadanos deben tener en sus jueces y magistrados.
En su comunicado, advierten de que lo expresado por ambos miembros del Ejecutivo equivale a acusar a algunos jueces de “prevaricación, el delito más grave que un magistrado puede cometer en el ejercicio de su función”.
De este modo, recalcan que la crítica a resoluciones judiciales concretas es legítima en democracia, pero recuerdan que cuestionar la imparcialidad del conjunto del poder judicial socava uno de los principios básicos de la Constitución: la separación de poderes.
