El Senado ha aprobado una moción de reprobación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, exigiendo además su renuncia inmediata por el “grave daño causado al Ministerio Fiscal”. La iniciativa, de carácter no vinculante, ha salido adelante por 146 votos a favor, 103 en contra y 10 abstenciones, y ha sido promovida por el Partido Popular, que ha utilizado su mayoría absoluta en la Cámara Alta para impulsar el texto.
La reprobación se produce después de que el Tribunal Supremo ordenara el procesamiento de García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, lo que ha desatado una intensa polémica política y ha puesto en entredicho la continuidad del jefe del Ministerio Público.
El texto aprobado “reprueba la actuación del fiscal general puesta en evidencia por las investigaciones judiciales” y reclama su dimisión al considerar que ha entorpecido la función esencial del Ministerio Fiscal de “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”.
Petición de destitución inmediata si no dimite
En caso de que García Ortiz no presente su dimisión voluntaria, el Senado insta al Gobierno a cesarlo de forma inmediata, alegando “incumplimiento grave y reiterado de sus funciones” y una “intolerable conducta en el desempeño de su cargo”.
Además, el texto urge al Ejecutivo a proponer un nuevo fiscal general del Estado que reúna las condiciones de “idoneidad, imparcialidad, competencia profesional e independencia”, en línea con los requisitos legales para el ejercicio del cargo.
División parlamentaria y tensión política
La moción ha contado con el respaldo de PP, Vox y UPN, mientras que PSOE ha votado en contra y Junts y PNV se han abstenido. Desde las filas populares se ha acusado al fiscal general de actuar con parcialidad y de perjudicar gravemente la credibilidad del Ministerio Fiscal.
La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y otros miembros del Ejecutivo han defendido públicamente a García Ortiz, subrayando la necesidad de respetar su presunción de inocencia y acusando al PP de utilizar el caso con fines partidistas.
El fiscal general, nombrado en 2022 por el Gobierno, queda ahora en una situación política comprometida, aunque jurídicamente seguirá en su puesto salvo que dimita o sea cesado por el Consejo de Ministros, dado que la moción del Senado no tiene efecto ejecutivo directo.
Mientras tanto, el procedimiento judicial sigue su curso y podría desembocar en una mayor presión institucional si se confirman los cargos por revelación de secretos, delito por el cual ya está siendo formalmente investigado.
Esta nueva ofensiva política eleva aún más la tensión institucional entre los poderes del Estado y coloca al Ministerio Fiscal en el epicentro de una crisis política y judicial de amplio alcance.
