El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como "una buena noticia para España" la decisión del Tribunal Constitucional de avalar la constitucionalidad de la ley de amnistía, aprobada para borrar judicialmente los delitos vinculados al proceso independentista catalán. El fallo, que ha contado con seis votos a favor de la mayoría progresista frente a cuatro en contra de la minoría conservadora, ha generado una ola de reacciones tanto en el ámbito político como judicial.
Sánchez, desde Bruselas y en el marco del Consejo Europeo, ha destacado que “estamos cerrando una crisis política que nunca debió salir de la política” y ha responsabilizado al Partido Popular por haber trasladado el conflicto catalán al plano judicial. “Siempre defendimos que lo que saliera del Congreso iba a ser constitucional”, subrayó.
Una ley avalada pero aún pendiente de aplicación
Aunque el Constitucional ha respaldado el texto general de la norma, no se ha pronunciado aún sobre aspectos claves como la aplicación de la amnistía al delito de malversación, lo que deja en suspenso el futuro judicial de figuras como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. Ante este escenario, el abogado del expresidente catalán, Gonzalo Boye, ha anunciado la preparación de un recurso de amparo para lograr que la amnistía se aplique “con diligencia” y permitir el regreso de Puigdemont a España.
En esa misma línea se ha pronunciado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, quien ha instado al Tribunal Supremo a aplicar sin dilaciones la ley de amnistía y ha afirmado que “las cosas van mejor” en Cataluña desde su aprobación.
Reacciones desde el independentismo y el Gobierno
Desde ERC, su portavoz en materia antirrepresiva, Joan Ignasi Elena, ha calificado el fallo como un “éxito de la democracia y del independentismo”, y ha exigido que “termine el calvario judicial” de los activistas procesados.
Por su parte, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha interpretado la resolución como un “aval a la política de distensión y diálogo” impulsada por el Gobierno desde las elecciones generales de 2023. Desde los Comunes, su portavoz en el Parlament, David Cid, ha celebrado la decisión como una “gran derrota del PP”.
También EH Bildu ha expresado satisfacción. Su portavoz en el Congreso, Martxe Aizpurua, ha manifestado que esta sentencia “puede ser el preludio del final del conflicto” catalán y ha instado a “cerrar un ciclo innecesariamente largo de confrontación”.
Duras críticas de la oposición
En contraposición, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado duramente la decisión del Constitucional, que ha tachado de “una vergüenza para cualquier demócrata”. Feijóo ha calificado la ley como una “autoamnistía” que, en su opinión, viola los principios del Estado de Derecho europeo, y ha asegurado que la norma fue fruto de un “ejercicio de corrupción política” a cambio de la investidura de Sánchez.
Feijóo ha reiterado su esperanza en que la Unión Europea tome nota, especialmente en el próximo informe sobre el Estado de Derecho, y ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aún debe pronunciarse sobre los aspectos más controvertidos de la ley.
Un país dividido ante una norma clave
El aval dividido del Constitucional no ha resuelto del todo el debate político ni judicial sobre la amnistía. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una herramienta para normalizar Cataluña, los sectores más críticos la presentan como una cesión inconstitucional a los independentistas. La decisión, sin embargo, marca un hito político y jurídico en la legislatura y en la historia reciente del Estado autonómico español.
Con la ley en vigor y su constitucionalidad refrendada, el foco se traslada ahora a los tribunales ordinarios, en especial al Tribunal Supremo, que deberá decidir cómo y a quién se aplica esta medida de gracia. Todo ello en medio de un clima de creciente polarización política y de vigilancia europea sobre el Estado de Derecho en España.
