El debate político en Alcalá de Henares se ha tensado un grado más tras la aprobación, este martes, de una moción que exige al Gobierno central el cierre del Centro de Atención de Emergencia y Derivación (CAED) ubicado en el barrio de La Garena. La moción, impulsada por el Partido Popular y respaldada por Vox, incluye además la reprobación formal del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por unas declaraciones que calificaron de “falsas y ofensivas”, en las que aseguró que los alcalaínos cometen un 45% más delitos que los migrantes alojados en el CAED.
La iniciativa, que salió adelante con el voto en contra del PSOE, refleja la creciente fractura social y política en torno a la gestión migratoria y a la convivencia en la ciudad complutense, donde la oposición municipal acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de ocultar datos y problemas de seguridad.
“Macrocentro insostenible”
Durante su intervención en el Pleno, la alcaldesa Judith Piquet (PP) fue especialmente contundente. “No me voy a callar. Vamos a seguir siendo la voz de los vecinos de Alcalá de Henares frente a un Gobierno que nos impone un macrocentro sin garantías y un delegado que miente sobre nuestra ciudad”, afirmó.
Piquet aseguró que el CAED de La Garena “está desbordado y es insostenible”, y relató que, durante la visita institucional realizada hace semanas, la dirección del centro reconoció que las instalaciones duplican su capacidad prevista y que los residentes “duermen hacinados en carpas” y “carecen de atención médica suficiente”.
La regidora denunció la “hipocresía” de quienes la acusan de racismo o xenofobia, mientras —según dijo— “ocultan la realidad de lo que allí sucede” y no se han interesado “ni un minuto” por el caso de una vecina agredida sexualmente en la ciudad, un caso que ha avivado las críticas sobre el impacto de los centros de acogida en la seguridad local.
El CAED, en el ojo del huracán
El CAED de Alcalá de Henares forma parte de la red nacional de dispositivos de primera acogida para migrantes llegados principalmente a Canarias y Andalucía, que el Gobierno central distribuye posteriormente a otras comunidades autónomas. El centro de La Garena, gestionado por Cruz Roja y con apoyo de Interior, abrió en diciembre de 2023 con capacidad inicial para 300 personas, pero fuentes municipales cifran actualmente en más de 600 los residentes, lo que ha disparado las tensiones en el barrio, especialmente tras varios episodios de inseguridad y protestas vecinales.
Según datos del Ministerio del Interior, el CAED ha acogido en lo que va de 2025 a más de 4.200 personas en tránsito, procedentes principalmente de Senegal, Mali, Marruecos y Guinea, si bien el Gobierno insiste en que la tasa de delitos imputables a estos residentes “es mínima y no superior a la media de la población local”.
No obstante, la cifra mencionada por el delegado del Gobierno, que aseguraba que los alcalaínos cometen un 45% más delitos que los migrantes del CAED, ha sido calificada de “manipulada” por la alcaldesa, quien reclama datos oficiales desglosados y actualizados. Interior, por su parte, ha admitido en declaraciones recientes que “las cifras pueden fluctuar mucho por el carácter rotatorio y transitorio de los acogidos”.
El PSOE defiende el modelo de acogida
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Javier Rodríguez Palacios, criticó duramente la moción aprobada por PP y Vox, acusándoles de “alimentar el odio y la estigmatización de los migrantes”. Rodríguez defendió que el CAED es un recurso humanitario imprescindible y que “la inmensa mayoría de los residentes no generan problemas de convivencia”.
Además, negó que se oculte información a los vecinos: “Los datos están ahí. Alcalá es una ciudad segura, y no podemos permitir que se siembre el miedo con discursos populistas y falsedades”.
Contexto político caldente
La moción aprobada por el Pleno es la segunda en menos de un año en la que se reclama el cierre del CAED, reflejo de una batalla política que ha escalado también a nivel regional y nacional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado repetidamente al Gobierno central por “llenar Madrid de macrocentros de inmigrantes sin consultar a los municipios ni dotarlos de medios”.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones confirman que el Ejecutivo no prevé, de momento, el cierre del CAED, aunque admiten la saturación y trabajan en derivar parte de los acogidos a otras provincias.
Mientras tanto, el malestar crece en La Garena, un barrio residencial que ha protagonizado en los últimos meses varias concentraciones de protesta. Asociaciones vecinales reclaman más seguridad y mayor transparencia sobre la gestión del centro.
Alcalá de Henares, dividida
La tensión política ha calado en la sociedad civil. Organizaciones como la Plataforma Vecinal La Garena denuncian “sensación de inseguridad” y aseguran que los delitos han aumentado, especialmente hurtos y peleas, mientras entidades sociales como SOS Racismo y CEAR piden responsabilidad a los partidos para no criminalizar a los migrantes.
Por ahora, la realidad en Alcalá de Henares se mueve entre datos oficiales, percepciones vecinales y la guerra política que, lejos de amainar, parece destinada a seguir marcando la agenda local.
