Una nueva denuncia ciudadana ha sido presentada ante la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid por parte de una comunidad de propietarios distinta a Baviera 9, en relación con la solicitud de apertura de un hostel por parte de una empresa privada en la capital. Según el escrito, la actividad podría incurrir en un presunto fraude de ley, tanto en la tramitación de la licencia municipal como en la declaración responsable que se exige a nivel autonómico.
Los denunciantes subrayan que el proyecto ha generado graves preocupaciones legales y de seguridad, ya que el solicitante es una compañía sin empleados, cuyo objeto social declarado es la importación de joyería, y que, además, no cumple con sus obligaciones contables ante el Registro Mercantil. A ello se suma que su administrador figura vinculado a una investigación por trata de personas, habiendo llegado a prestar declaración judicial por estos hechos, aunque no haya sido imputado formalmente.
Según la comunidad vecinal, el promotor habría afirmado públicamente que el uso del inmueble será exclusivamente turístico, descartando cualquier colaboración con organizaciones de acogida de migrantes como CEAR. Sin embargo, esta última ha hecho públicas unas declaraciones en sentido contrario, asegurando haber recibido un ofrecimiento del solicitante para usar el inmueble como centro de acogida para ciudadanos en situación irregular.
El Ayuntamiento de Madrid ya ha intervenido en el caso, advirtiendo tanto al solicitante como a CEAR de que la licencia concedida permite únicamente el uso turístico ordinario del local, bajo régimen de hostel. En caso de detectarse actividades asistenciales o de acogida, el consistorio ha declarado que procederá a revocar la autorización de forma inmediata.
La denuncia también advierte a la Comunidad de Madrid de que la tramitación autonómica podría estar viciada por el mismo fraude, y solicita una revisión exhaustiva de la documentación que el solicitante presente ante la Dirección General de Turismo. En especial, se alerta de la posible falsedad o inadecuación del seguro de responsabilidad civil que la ley exige para este tipo de establecimientos.
En este sentido, los denunciantes argumentan que si se contrata una póliza para una actividad turística y se desarrolla una completamente distinta, como sería el alojamiento asistencial de personas en situación irregular, la aseguradora no cubriría los daños en caso de siniestro, lo que expondría no solo al titular, sino también a la administración autonómica a responsabilidades civiles e incluso penales.
La denuncia alude a la gravedad de esta situación en un contexto especialmente sensible, tras los últimos casos de incendios en locales de ocio y restauración en la capital, algunos de ellos con víctimas mortales, lo que ha reabierto el debate sobre la seguridad y control administrativo de este tipo de establecimientos.
La comunidad firmante solicita a la CAM que actúe con la máxima cautela y, en su caso, deniegue la validación del proyecto si detecta cualquier incoherencia entre la documentación presentada y la actividad real prevista, evitando así un potencial fraude de ley que podría tener consecuencias graves para los residentes, los usuarios y las propias instituciones públicas.
