El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ha sido imputado por un juez de Tarragona tras una larga investigación que comenzó con el hallazgo de unos correos electrónicos en 2017. En ellos, altos cargos de la empresa Messer Ibérica de Gases detallaban cómo acudieron al despacho Equipo Económico, fundado por el propio Montoro, para conseguir modificaciones legales favorables al sector gasístico, especialmente exenciones fiscales que acabarían incluyéndose en la Ley 28/2014.
El caso, destapado por los Mossos d’Esquadra, ha crecido hasta convertirse en un escándalo que pone en entredicho los límites entre lobby y corrupción institucional. En uno de los correos claves de 2013, el director técnico de Messer escribe: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro”. Otro correo refuerza esta línea: “Hay que consensuar todo con C.M.”, iniciales que apuntan directamente al entonces ministro.
La investigación sugiere que Montoro podría haber influido directamente en la redacción de normas fiscales a cambio de los pagos al despacho, cuya vinculación con él nunca quedó del todo disuelta, pese a su salida formal al asumir el cargo público. La Unidad Central de Anticorrupción de los Mossos comparó la opacidad de la propuesta de servicios de Equipo Económico con la de Ernst & Young, que sí detallaba tarifas, horas de trabajo y objetivos, frente a la generalidad del despacho de Montoro.
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito de 2019, ya señaló la posible existencia de comisiones encubiertas, pagos que se justificaban como asesoría pero que se habrían dirigido a modificar la legislación. Además, Anticorrupción apunta a un “entramado societario” que habría servido para ocultar el destino final de los fondos.
Los correos también muestran maniobras de Hacienda bajo el mandato de Montoro que podrían haber servido para favorecer al PP y perjudicar a Podemos, como demuestran intercambios entre el entonces director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, y altos funcionarios, incluyendo datos fiscales confidenciales de figuras públicas como Esperanza Aguirre, la baronesa Thyssen o Rafael Nadal. En algunos mensajes, funcionarios expresaban temor a ser requeridos por jueces ante decisiones fiscales poco justificadas.
La investigación implica a otras figuras del Gobierno del PP, como Ricardo Martínez Rico, secretario de Estado de Presupuestos, y plantea dudas sobre el uso de consultoras privadas como canales de presión institucional. El caso ha abierto también el debate sobre la regulación de los lobbies en España, ante la demanda de transparencia de la Unión Europea.
En este contexto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado: “Lo que haya que investigar, que se investigue”, mientras Montoro defiende que el auto de imputación carece de pruebas sólidas y responde a un momento político convulso.
Por ahora, Montoro y varios colaboradores mantienen la condición de imputados, a la espera de que se desclasifiquen por completo los 17 tomos del sumario. En ellos podrían encontrarse nuevas pruebas documentales que aclaren si el exministro participó de forma directa en un esquema de influencia y corrupción basado en modificaciones legales a medida de intereses privados.
