Bajo el lema “Madrid, solución habitacional, ¡ya!â€, decenas de personas se han concentrado frente al Ayuntamiento de Madrid en una nueva protesta contra los fondos buitre, los desahucios y la especulación inmobiliaria. La convocatoria ha estado organizada por la plataforma Hábitat 24, que agrupa a cerca de 40 colectivos sociales y sindicales, incluidos CC.OO., UGT, PAH y PAVPS.
El acto ha comenzado a las 18:00 horas con una clara reivindicación: reclamar medidas urgentes ante una crisis de vivienda que golpea con especial dureza a las familias más vulnerables. Durante la protesta, se han señalado directamente tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid como responsables de permitir y facilitar la venta de viviendas públicas a fondos especulativos, lo que ha intensificado el problema habitacional en la región.
Paloma López (CC.OO. Madrid) y Susana Huertas (UGT Madrid) han exigido una solución inmediata para las familias desalojadas tras la venta de viviendas protegidas. Han recordado el caso paradigmático de la venta de 1.860 viviendas a Blackstone en 2013, señalando que estas operaciones han dado pie a una escalada de precios y a una ola de desahucios con consecuencias devastadoras.
“La vivienda se ha convertido en un lujo inaccesible para muchas familias. Esta situación no es casual, sino el resultado directo de decisiones polÃticas que han beneficiado a los grandes tenedoresâ€, denunció Huertas. Desde CC.OO. también se ha recordado la obligación del Estado de garantizar alternativas habitacionales antes de ejecutar cualquier desalojo, como establece el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
Los sindicatos y colectivos participantes han criticado con dureza la falta de acción institucional: “La especulación ha sido fomentada desde las propias administraciones. Tanto la Comunidad como el Ayuntamiento han preferido beneficiar a fondos de inversión antes que garantizar el derecho constitucional a una vivienda dignaâ€, ha declarado CC.OO. en su comunicado.
La protesta también ha subrayado que el artÃculo 47 de la Constitución establece el derecho a una vivienda digna como un principio exigible por los poderes públicos. “Una habitación de 11 metros cuadrados compartida por cuatro personas no es una vivienda digna, ni lo es un hogar sin baño propio, como denunció UGT.
Los organizadores han anunciado nuevas movilizaciones en los próximos meses si no se adoptan medidas concretas que frenen los desahucios, regulen el mercado del alquiler y aseguren un parque de vivienda pública estable. La ciudadanÃa, aseguran, no permitirá que el derecho a la vivienda siga siendo tratado como una mercancÃa.
