El Ayuntamiento de Madrid ha dado un ultimátum al Gobierno de España para que asuma sus competencias en materia de asilo y acoja de forma inmediata a las personas solicitantes de protección internacional que permanecen en centros municipales.
En un requerimiento oficial remitido el pasado viernes a los ministerios del Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consistorio exige que en el plazo máximo de un mes estos ministerios garanticen el acceso al Sistema de Acogida estatal a todas las personas que han solicitado o manifestado intención de solicitar asilo y que actualmente están alojadas en los recursos de emergencia social del Ayuntamiento.
En caso de no producirse una respuesta efectiva en ese periodo, el Gobierno municipal advierte que llevará el caso a los tribunales. Según ha informado el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, el Ejecutivo central está incurriendo en una “dejación de funciones” que, según argumentan, vulnera lo dispuesto en el artículo 149.1.2º de la Constitución Española —que establece que el derecho de asilo es competencia exclusiva del Estado— y en la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria.
Centros municipales, al borde del colapso
Desde el estallido de la crisis humanitaria en el aeropuerto de Barajas —donde cientos de personas solicitantes de asilo quedaron sin cobertura—, el Ayuntamiento ha alertado del colapso progresivo de sus recursos de emergencia. A día de hoy, de las 630 plazas habilitadas por el Consistorio para personas en situación de vulnerabilidad, unas 380 están ocupadas por solicitantes de protección internacional o por quienes han visto denegada su solicitud y se encuentran en un limbo administrativo.
En total, hay unas 400 personas en diferentes fases del proceso, muchas de ellas con estancias medias que superan los 130 días en centros municipales, y algunas que incluso llevan más de 9 meses a la espera de ser derivadas a los centros estatales. "La situación es insostenible", señalan desde el Ayuntamiento, que denuncia que incluso 105 personas tienen plaza asignada en el sistema estatal, pero continúan esperando el traslado.
Críticas a la gestión del Gobierno
El delegado del área de Políticas Sociales, José Fernández, ha lamentado públicamente la “falta de respuesta” del Gobierno central. “El Gobierno de España no gestiona, no da soluciones y vuelve a dejar sola a la ciudad de Madrid ante una situación que no le compete”, denunció. “Estamos viendo lo mismo que ocurrió en el aeropuerto o con los trenes. El Gobierno debe asumir sus competencias y cumplir con la ley”.
Fernández también ha subrayado que “el ritmo de derivaciones es absolutamente inaceptable”, citando datos como las escasas nueve derivaciones realizadas en todo el mes de enero, a pesar de que la presión sobre los servicios municipales no ha dejado de aumentar.
Reclamación legal por los derechos vulnerados
El Consistorio madrileño sostiene que esta situación vulnera derechos reconocidos legalmente, concretamente los artículos 18, 30 y 31 de la Ley 12/2009, que establecen el derecho de los solicitantes de asilo a ser alojados en condiciones dignas durante la tramitación de su expediente. Ante la inacción del Estado, Madrid se ve obligada a responder en solitario con recursos limitados y con el único objetivo de evitar que estas personas acaben en la calle.
“Madrid ha actuado con responsabilidad, pero no puede asumir indefinidamente competencias que no le corresponden”, concluyen desde el Área de Políticas Sociales. El requerimiento marca así un punto de inflexión en el pulso institucional por la gestión del asilo y la acogida de migrantes en la capital.
