La Comunidad de Madrid, junto al resto de autonomías gobernadas por el Partido Popular, ha reclamado al Ministerio de Sanidad mayor transparencia, celeridad y garantías legales en el proceso de implantación de la nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, recientemente aprobada mediante el Real Decreto 610/2024. Así lo ha manifestado la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, a través de una carta remitida este 26 de junio a la ministra de Sanidad, Mónica García.
En el escrito, Matute advierte de que la actual falta de un marco normativo completo impide a las comunidades autónomas formalizar una oferta de plazas con respaldo legal. “No estamos en condiciones de firmar compromisos administrativos ni organizativos sobre una base legal inexistente”, alerta la consejera, señalando la ausencia de la publicación oficial del programa formativo y de los requisitos de acreditación de las unidades docentes.
Las comunidades del PP, impulsoras de la especialidad
Desde la Comunidad de Madrid se reivindica el papel activo que han tenido las autonomías populares en la creación de esta especialidad, ante la “inacción de anteriores gobiernos”. En ese sentido, Matute recuerda que fueron estas regiones las que impulsaron la necesidad de contar con profesionales formados específicamente para hacer frente al creciente volumen asistencial en los servicios de urgencias y emergencias.
A pesar de la aprobación del decreto, la consejera denuncia que el Ministerio ha solicitado ya una propuesta de plazas formativas a las comunidades, sin que exista todavía un marco legal definitivo que lo haga viable. Además, se advierte de los posibles efectos negativos sobre otras especialidades si la implantación no se produce de forma complementaria y planificada.
Tres exigencias clave al Ministerio de Sanidad
En su carta, Matute detalla las tres condiciones básicas que exige la Comunidad de Madrid, en línea con el resto de autonomías del PP:
- Publicación inmediata del programa formativo y de los criterios de acreditación.
- No condicionar la oferta de plazas a la reducción de otras especialidades médicas.
- Ampliación de plazos para que las comunidades puedan presentar sus propuestas con garantías jurídicas.
La consejera también ha puesto el foco en las consecuencias que esta indefinición puede tener sobre la Atención Primaria, ya que muchos profesionales optan por formarse en Medicina Familiar y Comunitaria para después derivarse a urgencias, debilitando aún más este nivel asistencial.
Compromiso con una implantación segura y eficaz
Matute subraya que Madrid está dispuesta a colaborar “con voluntad política y planificación técnica rigurosa” para implantar esta especialidad “en un marco ordenado, viable y seguro”. Y recuerda que las urgencias hospitalarias continúan siendo uno de los principales focos de presión asistencial en el Sistema Nacional de Salud.
El Gobierno regional se compromete, por tanto, a seguir trabajando para que la Medicina de Urgencias y Emergencias sea una realidad cuanto antes, pero advierte que solo lo hará con garantías jurídicas y sin poner en riesgo la estabilidad del resto del sistema formativo MIR.
