La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el acuerdo adoptado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) relativo a la condonación parcial de la deuda de la Generalitat de Cataluña. Así lo ha confirmado este martes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno.
El Gobierno regional defiende que esta decisión del Estado “carece de validez” al haberse adoptado, según denuncian, “sin contar con las comunidades autónomas” y respondiendo únicamente “a intereses partidistas” que, en palabras del consejero, “suponen un peaje intolerable pagado al independentismo catalán”.
Desde la Puerta del Sol sostienen que el acuerdo vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución, al beneficiar exclusivamente a las comunidades más endeudadas sin tener en cuenta el esfuerzo de aquellas que han cumplido con criterios de responsabilidad fiscal. “Se prima la insostenibilidad financiera y se penaliza la buena gestión”, ha afirmado García Martín.
500 euros más de deuda por habitante madrileño
Según cálculos del Ejecutivo madrileño, la condonación de parte de la deuda catalana —enmarcada en la reforma del sistema de financiación que el Gobierno de España pretende impulsar— supondrá una carga adicional para los ciudadanos de Madrid, quienes “deberán asumir en torno a 500 euros más por habitante como consecuencia de una medida injusta y arbitraria”.
Un conflicto que reabre el debate sobre la financiación autonómica
La impugnación madrileña se enmarca en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno central y varias comunidades autónomas por la reforma del sistema de financiación, que lleva años sin actualizarse. El anuncio del Ejecutivo de Pedro Sánchez de condonar parte de la deuda a Cataluña ha sido interpretado por varias regiones como un agravio comparativo.
Desde el Gobierno regional aseguran que continuarán defendiendo los intereses de los madrileños “por todas las vías posibles” y han reclamado nuevamente una reforma “justa y consensuada” del modelo de financiación autonómica.
