Las principales asociaciones judiciales y fiscales del país han confirmado que mantendrán la huelga de los días 1, 2 y 3 de julio en protesta contra las reformas del Gobierno sobre el acceso a la carrera judicial y a la Fiscalía, a pesar del dictamen unánime del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que considera que la convocatoria carece de sustento normativo. Las asociaciones han comunicado que establecerán sus propios servicios mínimos para garantizar la atención a la ciudadanía durante el paro.
La convocatoria, impulsada por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), excluye a las asociaciones progresistas, que se han desmarcado de la protesta.
Rechazo del CGPJ pero sin sanciones disciplinarias
En un Pleno extraordinario celebrado este jueves, el CGPJ resolvió por unanimidad que la huelga no se puede considerar formalmente anunciada, al carecer de una normativa específica que respalde el derecho de huelga en el ámbito judicial. Como consecuencia, el Consejo ha decidido no fijar servicios mínimos ni considerar legalmente válida la convocatoria.
No obstante, el órgano de gobierno de los jueces ha optado por no imponer sanciones disciplinarias a los magistrados que decidan sumarse al paro, aunque sí ha advertido que el descuento salarial correspondiente a los días de huelga será responsabilidad del Ministerio de Justicia.
El derecho de huelga, centro del conflicto jurídico
Las asociaciones convocantes defienden que el derecho de huelga es un derecho fundamental, recogido en el artículo 28.2 de la Constitución Española, y que, por tanto, no puede quedar anulado por la ausencia de legislación específica para jueces y fiscales.
En su comunicado conjunto, las asociaciones subrayan que no existe obligación legal de comunicar previamente la decisión individual de secundar una huelga, ni de registrarla de forma anticipada. También advierten que cualquier coacción o intento de condicionar la participación en la huelga por parte del empleador constituye una infracción muy grave.
Además, responden a quienes cuestionan el impacto económico de la huelga señalando que los participantes asumirán una pérdida retributiva proporcional a los días de paro, lo que refuerza su legitimidad.
Fijación de servicios mínimos y seguimiento
Ante la negativa del CGPJ y de la Fiscalía General del Estado a fijar servicios mínimos oficiales, el Comité de Huelga ha asumido esa responsabilidad, estableciendo turnos mínimos para garantizar la atención básica y urgente a la ciudadanía, sin menoscabar el derecho constitucional de huelga.
Este tipo de autogestión en los servicios mínimos refleja la tensión institucional existente y evidencia la falta de un marco legal claro para regular las movilizaciones de jueces y fiscales.
Evaluación y posible continuidad del conflicto
Las asociaciones anuncian que, una vez finalizada la huelga de tres días, realizarán una evaluación conjunta de la situación, teniendo en cuenta tanto el respaldo recibido por parte de la carrera judicial y fiscal, como la evolución parlamentaria de las reformas judiciales en curso.
Esa revisión determinará si se mantiene la protesta o si se adoptan nuevas medidas de presión, incluyendo la posibilidad de extender o reactivar la huelga en fechas posteriores.
Un conflicto de fondo con fuerte carga institucional
El origen de la protesta se encuentra en las reformas impulsadas por el Gobierno, que afectan al sistema de acceso a la judicatura y al Ministerio Fiscal. Las asociaciones consideran que estas reformas suponen una intromisión en la independencia judicial y una degradación de la calidad del sistema de justicia.
El conflicto adquiere especial relevancia por la creciente polarización institucional y la falta de consenso entre el Ejecutivo y los operadores jurídicos, en un contexto donde la independencia del poder judicial y el modelo de justicia son objeto de intenso debate político y social.
Así, la huelga convocada para la primera semana de julio se convierte en un pulso abierto entre el Gobierno y el estamento judicial, en el que la legalidad del propio derecho a huelga de jueces y fiscales vuelve a situarse en el centro del debate jurídico e institucional.
