La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha descartado convocar la Conferencia Sectorial de Vivienda si no hay un compromiso unánime por parte de todas las comunidades autónomas para aceptar los tres compromisos políticos mínimos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó en la Conferencia de Presidentes del pasado 6 de junio en Barcelona.
Fuentes del Ministerio han explicado que, si las comunidades no respaldan estos principios, las negociaciones para el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 se harán de forma bilateral, sin pasar por la sectorial. Dichos compromisos incluyen triplicar la inversión pública en vivienda, el carácter permanente del parque público financiado y la transparencia de datos.
Desde el departamento que dirige Rodríguez han recordado que, según el Tribunal Constitucional, el Estado tiene la potestad de condicionar las políticas que se sufragan con fondos estatales. “Si hay comunidades que no quieren participar del acuerdo que plantea el Gobierno, tienen autonomía para desarrollar sus propias políticas”, señalan.
Comunidades como el País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia ya se han sumado al acuerdo y han empezado a trabajar en los ejes del nuevo plan. El Gobierno plantea que el Estado aporte el 60% de la financiación y las CCAA el 40% restante, con el objetivo de consolidar un parque de vivienda pública permanente.
Madrid exige diálogo y denuncia imposición
Desde la otra parte del tablero político, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha criticado duramente la postura del Gobierno, asegurando que la ministra Isabel Rodríguez pretende “imponer” un sistema de financiación sin consensuarlo.
Rodrigo ha subrayado que no se ha convocado una Sectorial de Vivienda desde octubre de 2024, y que las comunidades gobernadas por el Partido Popular han solicitado por carta una reunión urgente para debatir los contenidos y criterios del nuevo plan. Denuncia además que las propuestas enviadas desde las autonomías no han recibido respuesta por parte del Ministerio.
“Lo que exigimos es claridad: saber qué quieren hacer, cómo lo van a hacer y adónde van a ir a parar los fondos que debemos cofinanciar”, ha afirmado Rodrigo, reclamando una actitud de negociación real por parte del Ejecutivo central. “No se puede gobernar una política tan sensible como la vivienda solo con comunicados de prensa”, ha rematado.
El choque entre el Gobierno central y las comunidades autónomas del PP vuelve a tensar el diálogo institucional en materia de vivienda, justo en un momento clave para definir el marco de actuación del próximo plan estatal, que podría marcar el rumbo de la política habitacional en España para los próximos cuatro años.
