El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar que millones de ciudadanos en situación de vulnerabilidad están siendo excluidos del derecho a la asistencia jurídica gratuita. La causa principal de esta situación es la falta de actualización del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se mantiene como referencia para acceder a este derecho, a pesar de los significativos aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
Una brecha que deja sin justicia a las familias con bajos ingresos
El diputado responsable de Justicia Gratuita del ICAM, Juan Manuel Mayllo, ha advertido que el incremento del SMI no puede convertirse en un obstáculo para acceder a la justicia gratuita. Actualmente, una persona que cobra el SMI sin formar parte de una unidad familiar puede acceder a la justicia gratuita, pero una pareja con hijos en la que ambos progenitores perciban el salario mínimo queda automáticamente excluida.
"Desde la reforma de 2013, el IPREM sustituyó al SMI como referencia para determinar el acceso a la justicia gratuita. Sin embargo, mientras que el SMI ha aumentado un 61% desde 2018, el IPREM solo ha crecido un 11,5%," ha explicado Mayllo.
Esta diferencia genera situaciones injustas en las que muchas familias trabajadoras con bajos ingresos no pueden costear un proceso judicial básico, que puede oscilar entre 3.000 y 5.000 euros.
Un sistema obsoleto que necesita reforma urgente
El Decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha calificado esta situación como un "problema estructural" que vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en la Constitución Española y en normativas internacionales.
"Nos encontramos ante un problema que deja a miles de ciudadanos sin acceso a la justicia. El sistema debe reformarse para reflejar la realidad económica actual y garantizar que quienes realmente lo necesitan puedan ejercer su derecho a la defensa," ha señalado Ribón.
El ICAM ha exigido al Defensor del Pueblo que insté al Gobierno a modificar la Ley 1/1996 de Asistencia Jurídica Gratuita para que los umbrales de acceso se actualicen conforme al SMI o, en su defecto, se incremente significativamente el IPREM.
Además, el Colegio de la Abogacía de Madrid ha reclamado medidas urgentes para evitar que las personas en situación de vulnerabilidad queden sin protección legal debido a barreras económicas.
"No tiene sentido que el propio aumento del SMI, que debería mejorar la calidad de vida, termine impidiendo el acceso a la justicia gratuita. Desde el ICAM no vamos a dejar de pelear hasta que este derecho esté garantizado," ha asegurado Mayllo.
Un llamamiento al Gobierno y a los grupos parlamentarios
En paralelo a la queja presentada ante el Defensor del Pueblo, el ICAM se ha dirigido al Ministerio de Justicia y a los grupos parlamentarios para exigir una solución inmediata que corrija la brecha creada entre el IPREM y el SMI.
IPREM y justicia gratuita: una brecha que deja a muchas familias desprotegidas
El IPREM ha permanecido prácticamente congelado en los últimos años, provocando la exclusión progresiva de miles de personas del acceso a la justicia gratuita. Mientras el Salario Mínimo Interprofesional ha aumentado un 61% desde 2018, el IPREM solo ha crecido un 11,5%, lo que ha hecho que muchas familias superen los umbrales establecidos para recibir asistencia jurídica gratuita a pesar de tener ingresos modestos.
Actualmente, el umbral máximo para una familia de cuatro miembros es de 1.800 euros mensuales, una cifra inferior a los ingresos de una pareja en la que ambos perciban el SMI (2.368 €). Esto significa que estas familias quedan fuera del sistema de justicia gratuita, viéndose obligadas a costear un proceso judicial sin apoyo estatal.
El ICAM advierte que la falta de actualización del IPREM está generando una grave desigualdad y exige una reforma urgente para garantizar que el acceso a la justicia no dependa de un criterio económico desfasado.
