Una nueva grabación publicada este miércoles por Libertad Digital señala que la llamada "trama de fontaneros" vinculada al PSOE habría investigado a la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso que afecta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, así como al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Según la información difundida, el abogado Luis Sáenz de Tejada, apartado de la carrera judicial, habría entregado documentación comprometedora sobre la jueza a Leire Díez, colaboradora próxima al núcleo de esta red. La grabación desmentiría así las explicaciones públicas ofrecidas por Díez, quien intentó desvincular al partido socialista de cualquier actuación ilegal o maniobra de presión.
Además de Biedma y Luzón, otros miembros destacados de la judicatura habrían sido también objetivo de esta presunta operación de vigilancia y recopilación de información, entre ellos los jueces Manuel Marchena (presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo) y Juan Carlos Peinado.
Un patrón de seguimientos
Según relata el medio, los implicados crearon una carpeta digital con el nombre “Denuncias Luzón”, cinco meses después de que Víctor Aldama saliera de prisión con la intención de colaborar con la Justicia y aportar pruebas sobre tramas de corrupción que salpican a figuras del PSOE.
Luzón, al frente de la Fiscalía Anticorrupción, ha desempeñado un papel determinante en la investigación de escándalos como el de la trama Koldo, que afecta directamente al exministro José Luis Ábalos y su entorno. Precisamente en esa causa, Anticorrupción ha detectado indicios de cohecho en el pago de un piso en Madrid a la expareja del exministro por parte de la red corrupta.
Repercusiones políticas y judiciales
La información conocida hoy podría tener graves implicaciones legales y políticas. De confirmarse judicialmente, supondría la existencia de un aparato paralelo de investigación y presión sobre miembros del poder judicial por parte de personas vinculadas al partido del Gobierno.
Hasta el momento, no ha habido una reacción oficial por parte del PSOE, aunque distintas voces de la oposición ya exigen explicaciones inmediatas al presidente del Gobierno y reclaman la intervención del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado para investigar lo ocurrido.
Este nuevo episodio incrementa la presión sobre el Ejecutivo en medio de un contexto ya marcado por múltiples investigaciones judiciales por corrupción que afectan a altos cargos y a personas del círculo próximo al presidente Pedro Sánchez.
