La Comunidad de Madrid ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia aprobada por el Gobierno central. Esta acción legal, respaldada por un informe favorable de la Abogacía General regional, reclama que se valore de forma objetiva el impacto financiero de la norma en las comunidades autónomas y que se habiliten los fondos necesarios para su implementación.
El Consejo de Gobierno madrileño ha conocido hoy los detalles de este procedimiento judicial, que se inicia tras la desestimación del requerimiento previo que el Ejecutivo autonómico envió al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes el pasado 10 de abril. La Comunidad de Madrid interpuso el recurso contencioso-administrativo el pasado 16 de mayo al considerar que el Gobierno de España ha vulnerado el principio de lealtad institucional que rige el sistema de financiación autonómica.
Un coste de 44 millones de euros para Madrid en el primer año
Según el Ejecutivo madrileño, la entrada en vigor de esta ley conllevará un desembolso de 44 millones de euros solo en el primer año de aplicación, sin que el Estado haya articulado ningún mecanismo de compensación financiera. Además, se estima que la mitad de esa carga presupuestaria se consolidará en ejercicios posteriores, impactando directamente sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas regionales.
La norma se ha aprobado sin consenso con las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia, ni con el propio Poder Judicial. Desde el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se insiste en que este tipo de reformas estructurales deben contar con un análisis previo del impacto económico, y que las comunidades afectadas deberían poder debatirlo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Reclamo a favor del equilibrio y la sostenibilidad del sistema judicial
La Comunidad de Madrid subraya que no cuestiona el fondo de la ley, sino la forma en la que se ha implantado, sin diálogo ni previsión presupuestaria. Además, sostiene que la normativa puede comprometer la calidad y agilidad del servicio judicial si no se acompaña de una dotación adecuada de recursos materiales y humanos.
